Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «Mi hijo no era malo, era una persona trabajadora. Mis preguntas son: ¿quién se lo llevó?, ¿dónde está? Le pido a Dios, se lo entrego, pero que me lo devuelva para tener a dónde irle a llorar, porque día a día vivo esta zozobra; los meses van y vienen; han pasado 16 y no sé nada de él”, dijo entre sollozos Lourdes Barajas Cortés, una madre moreliana de 64 años de edad.

Tiene otros dos hijos, un hombre y una mujer, a quienes también ama profundamente; sin embargo, la desaparición del mayor la tuvo al borde del suicidio.

Quería tomarme todas las pastillas que me prescribió el psiquiatra, revolverlas y tomarlas; yo tenía eso en mi cabeza, o aventarme a un carro; quería dañarme, pero llegué aquí y me han dado mucha confianza, a veces salgo contenta

La afligida mujer se refiere al Centro de Escucha Diocesano, fundado en octubre de 2017 por la Arquidiócesis de Morelia. Está por cumplir dos años y es el primero de diez que operan en localidades de Michoacán (nueve) y Guanajuato (uno), por iniciativa del arzobispo Carlos Garfias Merlos.

Lourdes Barajas Cortés
(Foto: Sayra Casillas)

La coordinadora del proyecto, Alma Beatriz Contreras Castañeda, explicó que se trata de espacios específicamente enfocados al acompañamiento integral de víctimas de cualquier forma de violencia.

Con mayor incidencia atienden casos de violencia intrafamiliar y sexual, pero también hay quienes acuden por delitos de alto impacto, como homicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones.

El Centro de Escucha Diocesano se ubica en el número 156 de la calle Benito Juárez, en el Centro Histórico de Morelia. Ahí, son atendidas de manera gratuita alrededor de 25 personas a la semana, tanto nuevos casos como de seguimiento.

El 90% son mujeres.

Cada ocho días, Lourdes Barajas recibe atención de parte de Beatriz Contreras, quien además de coordinadora hace las funciones de psicóloga. El acompañamiento espiritual lo recibe de un sacerdote, y podría tener vinculación médica con el Hospital de Nuestra Señora de la Salud, pero la rechazó por estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No requirió orientación jurídica. Las investigaciones por la desaparición de su hijo –salió de su hogar con la promesa de que pronto volvería– están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia a la que tanto su hija como su nuera acuden para el cruce de las pruebas de ADN siempre que les avisan que llegó un cadáver sin identificar.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el periodo comprendido entre enero y agosto del presente año, registraron mil 065 reportes de personas no localizadas, de las cuales 644 fueron encontradas.

Cuando trascendió, en septiembre del año pasado, la noticia sobre los dos tráileres que deambulaban por calles de Guadalajara con un promedio de 300 cuerpos sin vida, Lourdes se trasladó con la esperanza de encontrar a su hijo. Su estado de salud no era bueno, por lo que la búsqueda la concluyó su hija. No hubo resultados.

Ya padecía diabetes e hipertensión, pero a partir de la desaparición de su hijo recibe atención psiquiátrica y psicológica. Esta última, primero se le ofreció en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, pero para evitar largos traslados pidió ser canalizada al IMSS, servicio que abandonó luego de unas sesiones grupales en el área de Tanatología. No se sentía en condiciones de escuchar más relatos dolorosos sobre pérdidas humanas.

En abril de este año, un sacerdote la canalizó al Centro de Escucha, espacio en el que –asegura– en distintas sesiones terapéuticas ha sentido a su hijo, lo ha abrazado, y superó el deseo de lastimarse; encontró fe, esperanza y tranquilidad para hacer cosas que evitaba; volvió a ver las fotografías de su hijo, quien –insiste– no era malo, era el más cariñoso y hogareño con sus hijos.

Vuelve el llanto: “Si no me lo entregan muerto, entonces, ¿dónde está?, ¿dónde lo busco? Si a mí me dicen está en tal lugar, yo iba y escarbaba, aunque me agarrara la policía”.

Desde la óptica de Beatriz Contreras, atender el fenómeno de la violencia es una tarea compleja, más cuando el problema es mayor de lo que se pensaba cuando arrancó el proyecto, que si bien es católico, brinda apoyo a personas independientemente de credos y religiones.

“Creo que hay mucha más gente que está viviendo violencia y que no hemos llegado a ella, y hay que seguir trabajando; vemos que hay personas que traen procesos de rencor, de resentimiento, y que no han hecho un proceso de sanación. Es importante que lo hagan y que lleguen, si es posible, al perdón, a la reconciliación, que sean agentes activos en sus familias, en sus comunidades, para ser constructores de paz”, dijo.

Al ser abordada por este medio, Lourdes Barajas accedió a compartir su historia y a que su nombre real fuera publicado.

“Si de algo sirve para que personas que están pasando por lo mismo que yo se acerquen a pedir ayuda, adelante”, dijo al inicio de la charla, que sorprendentemente concluyó así: “Que Dios nos escuche y tengamos la fortaleza que necesitamos. Dios bendiga a las personas que hacen mal”.

Lourdes Barajas Cortés
(Foto: Sayra Casillas)

Para 2020 habría 40 Centros de Escucha: arzobispo

La coordinadora del proyecto relató que los Centros de Escucha son parte del Plan de Construcción de Paz que puso en marcha la Arquidiócesis de Morelia, y se instrumentan a partir de un diagnóstico sobre la violencia que enfrentan las comunidades, con el respaldo de los párrocos y voluntarios.

El pasado 15 de septiembre se instaló el Consejo Michoacano para la Paz, con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y agrupaciones religiosas; ahí, Carlos Garfias Merlos, también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), anunció que se coordinarán para abrir 20 centros de rehabilitación para personas con adicciones y 40 Centros de Escucha, en 2020.

Los diez Centros de Escucha que operan actualmente se ubican en Morelia (3), Pátzcuaro (2), Ciudad Hidalgo, Quiroga, Zitácuaro y Tarímbaro (uno en cada lugar), en Michoacán, y uno en Acámbaro, Guanajuato.

RMR