Después de todo un año de especulaciones, de avisos fallidos y de mucho reflujo político, recientemente se anunció que el viernes 24 de enero sería el gran día para el cual se habría programado la firma de la federalización de la nómina educativa michoacana, en convenio tripartita entre el Gobierno del Estado de Michoacán con dos dependencias federales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Paralelamente, al iniciar esta semana, el aún dirigente del Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XVIII de la CNTE mencionó a los medios de comunicación que sería también este día cuando se publicaría la convocatoria para el VIII Congreso Seccional de Bases (CSB), con la finalidad de entregar por fín el mando de la citada organización magisterial, toda vez que se excedió más de un año en el cargo, lo cual le valió el repudio casi unánime de sus bases.
Dado que, la probabilidad matemática de que ambos eventos convergieran es prácticamente nula, la causalidad parece ganarle la batalla a la casualidad. En el tablero político, el flanco educativo ha sido frente de incontables disputas, maniobras, gambitos y amagos, en aras de obtener, acrecentar y perpetuarse en el poder. El manejo del tiempo en política es arte real y por ahora, los intereses que incidieron en finalmente destrabar ambos galimatías parecen indicar un acuerdo cupular que propició insuflarle vientos a la alicaída democracia de la Sección XVIII .
Todo parece indicar que, el consenso logrado entre los poderosos implicó dejar de brindar la protección con que contaba el CES actual para sostenerse con alfileres, por lo que, después de lamentables incidentes de violencia ocurridos ayer, no queda duda de que serán las bases de la CNTE quienes garantizarán que el evento no se procrastine una vez más. La convocatoria para el VIII CSB ya está redactada, concluida y validada desde anoche, pero hasta hoy se dará a conocer en rueda de prensa, donde seguramente, la participación de los actuales integrantes del CES será tibia y diluida.
Todo parece indicar que, algunos integrantes del CES actual, ante la pérdida de un coto de poder atesorado durante más de una década, ahora buscarán tomar un camino paralelo, constituyendo otras expresiones magisteriales que vendrán a dividir aún más a un gremio prácticamente balcanizado.
En política el tiempo jamás es lineal, por lo que, llegado el momento, se desvanecieron las amenazas mutuas y se pasó a otra etapa. De los actores detrás de esta blitzkrieg educativa, jugada a dos flancos, si bien alcanzan a asomar sus manos, no se identifican sus rostros a plenitud. Con el paso de los días saldrán los nombres de los autores de la parálisis en que se sumió al sistema educativo estatal durante casi un año en beneficio de su propio cálculo político.
Con esta medida anunciada, puede llegar a quedar sepultada la idea de revisar con lupa la distribución del gasto del Gobierno del Estado para evitar que se subpresupueste en materia educativa, así como para impulsar medidas más enérgicas en pro de la austeridad, de la rendición de cuentas, del control del despilfarro y del combate a la corrupción, así como también se pudieran llegar a empolvar las consignas de la CNTE que pedían en prácticamente todos sus comunicados una auditoría pública al ejecutivo estatal. Menos aún se acordarán de revisar las condiciones de la deuda pública michoacana y el direccionamiento de los recursos obtenidos a través suyo en lo que respecta a educación.
A reserva de corroborar, palabra por palabra, los beneficios y compromisos que conlleva el convenio mencionado, es importante señalar que, hasta hace unos días, hablar de dependencias educativas michoacanas durante 2020 y de gobernar sin dinero parecían ser sinónimos. El año pasado fue muy convulso en cuanto a la toma de decisiones que impactarían al sistema educativo en el mediano y largo plazo. No fue solamente la aprobación alegre de una serie de preceptos constitucionales, sin dotarles debidamente de un techo presupuestal digno, sino también se dio la programación de una gran cantidad de acciones, muchas de ellas, compromisos políticos federales y estatales, de los cuales la enorme mayoría aún no se implementan, ni mucho menos benefician a la niñez y juventud del país.
En lo sucesivo, es importante garantizar que todas las dependencias gubernamentales cuenten con un presupuesto digno, que haya candados legales para que sea imposible ejecutar actos de autoridadque comprometan recursos con los cuales no se cuentan. Inclusive, ni con la firma del convenio se logró resolver la situación por arte de magia. Es un hecho que, al día de hoy, en el sistema educativo michoacano hace falta dinero para pagar los salarios y prestaciones de los maestros, ya que miles de trabajadores de la educación amanecieron este viernes sin que el gobierno les haya cubierto aún los adeudos, ya devengados.
En el pasado, también se ha hecho mal uso del erario educativo para dar prebendas a los líderes de los grupos de presión anidados en el sistema educativo local, en aras de sostener una mal llamada gobernabilidad. Es momento de legislar en torno a ello para erradicar esas prácticas e imposibilitar legalmente que se realicen maniobras para beneficiar a las cúpulas a costa del erario.
Por lo anterior, aún asumiendo sin conceder, hasta verificar por propios medios los términos y condiciones del convenio, es importante señalar que se requiere una inyección inmediata de recursos para recuperar en su totalidad la rectoría de la educación estatal y garantizar debidamente el derecho a aprender de los michoacanos. En caso de que no se presupueste, la implementación estará en entredicho, podría ser un año más en el que se busque gobernar sin dinero, sobrellevar la crisis, gestionar la imagen pública y simular un poco más de lo que ya se ha realizado con antelación.
Independientemente de los términos en los cuales se haya firmado el convenio, el pueblo de Michoacán, los estudiantes, los maestros, los sindicatos y la sociedad civil organizada ya han sufrido serios reveses en sus derechos al no ser la construcción del acuerdo un proceso público, abierto ni participativo. La situación debe de modificarse y trazarse un mapa rastreable, partiendo de las obligaciones constitucionales que recaen sobre el Estado; donde se debe de identificar a los funcionarios responsables de cumplir con los compromisos ante la población, así como la suficiencia presupuestal con la que se cuenta, especificando el origen del fondeo.
Siguen pendientes inaceptables por resolverse, como la huelga del SPUM, provocada también por impagos, la cual ha afectado a la dinámica de la UMSNH, subsistemas quebrados financieramente y trabajadores estatales de telesecundarias movilizados por la falta de pagos. El derecho a aprender de los michoacanos está en entredicho, ya que desde ahora, los paterfamilias pernoctan para obtener una ficha de preinscripción para ingresar al plantel escolar de su elección, lo cual a todas luces lacera los derechos elementales de las familias para buscar un espacio educativo para sus hijos. Es un hecho que el derecho humano a la educación no se distribuye mediante una mano invisible, sino que es reactivo a asimetrías que provocan los intereses políticos, económicos y sindicales, quedando los estudiantes y sus padres a merced de los mencionados vectores, donde pueden contar con la suerte de poder obtener un lugar en una escuela cercana a su hogar y que trabaje con regularidad o en caso contrario, ser excluidos por la distancia, el tiempo de traslado, las cuotas de inscripción o la simulación en la enseñanza, dada en una comunidad de aprendizaje fallida.
Entre otros, algunos aspectos a cuidar dentro del proceso de federalización de la nómina magisterial, aún no esclarecidos ante la sociedad michoacana son los siguientes:
1. Garantizar la fiabilidad del padrón estatal de trabajadores de la educación de Michoacán, dado que, en el pasado se han dado una gran cantidad de escándalos respecto a los personajes de dudosa reputación a los que se les ha hallado cobrando un salario en la SEE. Será importante remover de la nómina a todos aquellos que, por ejemplo, se encuentren vinculados a proceso penal, o a quienes están prófugos de la justicia, dado que ya ha ocurrido que alguien puede ser uno de los criminales más buscados en el país durante una década entera y simultáneamente cobrar un cheque como trabajador de la educación, conjuntamente con sus incondicionales, protegidos y familiares.
2. Verificar el sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la educación, de tal manera que ningún trabajador en activo o personal jubilado pierdan sus derechos laborales ya adquiridos.
3. Constatar si este acuerdo responde a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en la nómina magisterial michoacana o es una respuesta a una petición directa de la CNTE hecha en Palacio Nacional, con lo que pudiera haber privilegios extraordinarios hacia una expresión sindical en menoscabo de las maestras y maestros que militan en otra corriente.
4. Esclarecer la procedencia del fondeo para el pago de la nómina magisterial, dado que no se ha dado a conocer cuáles serán las fuentes desde las cuales se asegurará el pago puntual de las quincenas de los maestros.
5. Transparentar las finanzas públicas estatales para disolver todas las dudas, confusiones o malas interpretaciones que pudieran existir en torno al erario educativo.
6. Publicar el convenio firmado, con todos sus anexos incluidos y la serie de documentos que se giraron en torno a este proceso.
7. Definir el organigrama con el cual habrá de operar el sistema educativo estatal en lo sucesivo, para que haya una línea de mando clara, tanto en lo administrativo como en lo político, lo cual permitirá dotar de gobernabilidad al sector.
8. Estipular las líneas de trabajo para dotar de gobernanza al sistema educativo estatal, para que existan mecanismos de participación ciudadana de tal forma que todos pueda
9. Resolver conforme a derecho y con justicia los casos de claves duplicadas que aún existen en la Secretaría de Educación en el Estado, los cuales siguen siendo una razón fuerte por la cual se quejan los trabajadores de la educación, así como resolver todos los laudos laborales, los asuntos de corrupción, de tráfico de plazas y espacios educativos.
A la par, es importante aclarar el por qué de las diferencias amplias entre el comunicado del Gobierno del Estado y el emitido en Twitter por el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública en la nación, quien solamente habla de garantizar el pago puntual a los maestros, sin mencionar que esto sea una federalización.
En suma, ahora sí, el 2020 ha comenzado y de las decisiones finalmente tomadas se deshilvanarán una gran cantidad de consecuencias en lo político, en lo legal, en lo financiero, en lo sindical y en lo electoral, por lo que habrá que estar muy al pendiente de las señales que se emitan para conocer el derrotero de la política educativa en Michoacán, la cual debería responder esencialmente a garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Para tales efectos, debemos de activarnos e impulsar que no existan la corrupción, la simulación, el abandono ni los intereses políticos entreverados con el interés superior de los hijos de los michoacanos, el cual implica ser la mejor versión de sí mismos para alcanzar sus sueños y aspiraciones.
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