Durante este naciente 2021, en Michoacán se han arreciado las disputas y jaloneos para hacerse de las candidaturas a cargos de elección popular y, con ello, del poder. Ya se cuentan por cientos a los aspirantes a gobernar.

Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido el gusto de conocer a un solo aspirante que cuente con una agenda de trabajo en materia educativa, que posea el perfil necesario, que esté arropado por un equipo de trabajo capaz y efectivo, ni para el gobierno estatal, ni para el poder legislativo, ni tampoco para los ayuntamientos.

Por lo anterior, existe un panorama incierto y oscuro respecto al futuro que le depara al sistema educativo estatal, partiendo de los posibles funcionarios futuros.

En lo ideal, poco debería de importar el proceso electoral para la política pública en materia educativa, pero, trágicamente es relevante debido a la tradicional subordinación de la educación estatal a los factores políticos, así como a la inveterada costumbre de colocar al frente de responsabilidades educativas a actores sin perfil, experiencia ni capacidad para cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en la materia.

Más aún, los cargos administrativos en el sistema educativo han sido empleados como trampolín para advenedizos y aventureros de la política en su desenfrenada carrera por el poder. No debemos permitir que semejante desgracia nos ocurra una vez más.

Aunado a lo anterior, el panorama en materia educativa se agrava por el contexto de la pandemia, así como la crisis financiera en que se encuentran las arcas del erario educativo.

Asumir kafkianamente que todo esto así sucedió sería erróneo. Todo ello tiene un origen rastreable. Las malas decisiones del pasado, que comprometieron el futuro educativo de millones de estudiantes michoacano, así como los errores del presente tienen responsables identificables.

Por ello resulta aún más triste e indignante contemplar en los espectaculares, medios impresos y electrónicos de nuestra entidad federativa a nombres y rostros de personas quienes tuvieron la oportunidad desde la función pública de hacer mucho por el sistema educativo estatal, pero en lugar de atender sus obligaciones institucionales se sirvieron del poder en beneficio propio y de sus incondicionales.

Es decir, los mismos malos funcionarios amenazan con seguir saqueando a la educación estatal y usarla para sus fines aviesos.

Debemos de impedir que esto suceda y actuar cuanto antes a título personal, de forma colectiva y a través de nuestros representantes populares, para incidir exigiendo que nadie que tenga nexos con actos indebidos en el sector educativo continúe ocupando cargos públicos ni se le impulse para seguir haciendo carrera en la función pública.

Más aún, en este incierto 2021, la crisis aún no parece que vaya a tocar fondo, ni se avizora una recuperación fácil. Es axiomático que, las certidumbres y el cambio los debemos construir desde la ciudadanía.

Es desesperanzador darnos cuenta de que, a la fecha aún no conocemos perfiles expertos en política pública educativa que estén próximos a los gobernantes ni a los aspirantes a gobernarnos; tampoco se manifiestan intenciones claras de remediar la añeja y compleja problemática.

Tampoco se conocen aún plataformas político-electorales que contemplen soluciones estructurales para el sistema educativo michoacano.

Todo apunta a que, una vez más, de última hora se harán los consabidos ejercicios de siempre en donde se simule la participación ciudadana para la construcción de cartas de buenas intenciones que intenten hacerse pasar por agendas de gobierno.

Si prevalece la anomía de siempre, no faltarán los membretes organizativos a modo que, una vez más intenten validar y legitimar a los candidatos sin que medien compromisos serios y vinculantes para que las promesas de campaña realmente se lleven a cabo, con consecuencias graves para los firmantes en caso de incumplimiento.

Para salir de este círculo vicioso de décadas será muy importante desarrollar una ruta de mejora, con visión transicional y de buen gobierno para la educación estatal, de tal forma que prevalezcan factores como la transparencia y la rendición de cuentas, donde se entable un diálogo abierto y horizontal en el que se les brinde escucha activa a los maestros, estudiantes y sus familias, actores clave del sistema educativo que, incongruentemente han permanecido décadas sin voz y sin ser escuchados.

Será clave desde ahora, sin más titubeos reconstruir el portal electrónico oficial de la SEE, donde ya se dé cuenta cabal del gasto educativo, por concepto, capítulo, partida, programa, responsable, unidad programática presupuestal y receptora, en donde haya padrones, donde sea accesible el listado completo de quienes cobran en las dependencias educativas y se resalte claramente a quienes se encuentran en situación irregular, con incidencias laborales y quienes tienen cuentas pendientes con las autoridades, sacándoles de la total impunidad en la cual se han podido manejar durante décadas desde el sistema educativo estatal.

La opacidad ha facilitado que la educación suela ser la caja grande de la corrupción de los gobiernos estatales, porque ahí se ha podido actuar incorrectamente sin que nadie proteste con consecuencias.

Justo por la falta de transparencia padecemos a tantos políticos emanados del sector educativo, porque en muchas ocasiones se benefician del inmenso flujo de recursos que se le destinan al rubro y porque contando con un salario seguro les es posible hacer operación política en horarios laborales sin que se les llame a cuentas, muchas veces siendo encubiertos por sus propios jefes, compañeros o colaboradores.

La educación michoacana es una gran matrona bajo cuyas enaguas se cobijan perfiles, fracciones sindicales y hasta partidos políticos impresentables. Hay que extirparles de la nómina magisterial.

Acabar con estos vicios será imprescindible para instaurar un buen gobierno educativo, que logre acabar con esas áreas de oportunidad y márgenes de transparencia que aún tiene como pendientes la autoridad en la materia.

Otro factor muy importante es la efectividad gubernamental. Es decir, un gobierno es efectivo cuando logra cumplir y hacer cumplir lo que la ley le mandata. Por el contrario, es inefectivo cuando no lo logra o cuando simula actuar en beneficio público, afectando los intereses y derechos de sus gobernados.

Las dependencias educativas son efectivas en el ejercicio de sus atribuciones cuando garantizan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de entre los cuales destaca el derecho a aprender.

Como ejemplo reciente, lo que pasó esta semana respecto al descobijo de los primeros garantes de los citados derechos, los trabajadores de la educación, al pagarles salarios con cheques sin fondos a muchos que poseen plaza estatal es una situación inaceptable que debe detenerse cuanto antes.

Es inaudito que la parte patronal de un sistema educativo público no prevea la suficiencia presupuestal necesaria en las cuentas bancarias respectivas como para que los maestros puedan ejercer un derecho constitucional ya debidamente devengado.

Para ello, es muy importante considerar la competencia de la burocracia en materia educativa. La selección de los perfiles es un factor clave, que debe rebasar la incondicionalidad y el amiguismo.
En un buen gobierno educativo es imperativo implementar procesos de oposición abiertos para muchos cargos públicos en la materia, a la par que definir cuál es el perfil y el mérito por el cual son nombrados los funcionarios; ya que solo parece que se rige por la subordinación y adulación.

Al respecto, si el gobernador designa a los funcionarios, ¿por qué se conforma con tan poco? ¿Elegir personas sin perfil, vocación, carácter, experiencia ni resultados debe ser interpretado como una manifestación de desprecio hacia los derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán?

Como otro ejemplo, en materia de infraestructura física educativa es claro que existe un presupuesto que se debe ejercer. Pero, ¿por qué darle seguimiento literal al Programa Nacional de Bebederos Escolares en plena pandemia? Es un hecho que no serán utilizados durante este 2021, además de que, en caso de que fueran empleados tal como solía hacerse, muy probablemente constituirían un foco de infección de COVID-19. ¿En manos de quiénes estuvo esta decisión de inversión? Así, hay muchos ejemplos que colocan en tela de juicio a los decisores. Sin duda quedan muchos pendientes respecto al diseño de políticas públicas integrales, transversales y con una perspectiva de regreso a una nueva normalidad, que además sean construidas participativamente para que las decisiones que se tomen gocen de la aprobación y respaldo de la colectividad.

Un tema que será prioritario abordar ante la reciente escalada de la pandemia en Michoacán, pero con visión de mediano y largo plazo es la inminente puesta en marcha de la más reciente escena de la trilogía Aprende en Casa, la cual nos lleva a pensar si ahora sí tendrá más éxito esta cruzada educadora que, a nueve meses de estarse implementando aún no levanta ni entrega resultados.

No podemos seguir acumulando generaciones perdidas. Urge salir del terreno de las acciones de bajo impacto, para empezar a ganarle la batalla a la ignorancia. La promesa del relanzamiento de la educación estatal requiere contar desde el discurso con ideas innovadoras que comiencen por reactivar el derecho a aprender en la entidad, que se encuentra tan menoscabado y a merced de los vientos políticos, así como de acciones, funcionarios y presupuesto que hagan que el cambio suceda.

Esperamos que el gobierno ya dé muestras de poder ejercer el rubro de la calidad regulatoria, referida a la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas públicas que promuevan, en este caso particular, el desarrollo educativo. Educación y buen gobierno son dos factores indisolubles que deben tomarse en cuenta como tales para poder transformar la situación de nuestra entidad federativa.

Entre los recientes conflictos poselectorales de Estados Unidos resultaron singulares los manifestantes disfrazados sentados en los escritorios de funcionarios en el Capitolio, sin tener que hacer ahí más que demostrar que se había tomado por asalto alguna oficina en particular. Esa imagen debe interpretarse también como una fotografía ante el espejo, ya que, análogamente en Michoacán hemos visto personajes impresentables caracterizados como funcionarios en el ámbito educativo, sin poseer las competencias necesarias para tales efectos.

La diferencia es que en el caso estadounidense no se trata sino de una medida de protesta, ya repudiada y calificada como ilegítima; en nuestra entidad es historia infamante, cruel realidad y perversa amenaza.

Merecemos un gobierno educador.

Y usted, amable lector, ¿qué factores considera deben estar presentes en un buen gobierno en materia educativa?