Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ponencia titulada "Participación Política Ciudadana", la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Yurisha Andrade Morales, formó parte del abanico de expertos en temáticas de actualidad, que tuvieron cabida en el Foro Internacional Michoacán, Gobernanza y Desarrollo Democrático, que la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Administración Pública de Michoacán, llevaron a cabo en días pasados.
La servidora pública michoacana conceptualizó el término de ciudadanía integral, la cual se logra cuando las personas que la conforman, se asumen como titulares de derechos, prerrogativas y potestades políticas.
En tanto que la ciudadanía política, connota el derecho a participar en el ejercicio del poder político, como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.
Una vez delimitado estos términos, la consejera explicó su relación con el régimen de gobierno que impera en el país, para ello, presentó datos estadísticos en el cual, en México sólo un 19 por ciento de la población, se siente satisfecha con respecto al concepto de democracia.
Andrade Morales dio a conocer, que como parte de este estudio, elaborado por Latinobarómetro en el año 2015, 26 por ciento de los mexicanos considera que las elecciones son limpias y sólo 17 por ciento de los encuestados se sienten políticamente representados.
"México atraviesa por un complejo proceso de construcción de la ciudadanía, caracterizado por la desconfianza en la autoridad. El problema público a atender es la baja calidad de la ciudadanía en nuestro país", añadió.
En el caso concreto de Michoacán, la funcionaria del IEM recordó que la institución a la que representa, trabajó recientemente en las reformas a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, en puntos como la Consulta Ciudadana a Comunidades Indígenas y las relativas a los Observatorios Ciudadanos, con la finalidad de mejorar la legislación vigente y promover el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones de carácter público.
Dichas modificaciones concluyó, especifican que no podrán ejercitarse mecanismos de participación ciudadana en materia tributaria o fiscal; en los ingresos o egresos del Estado (salvo la figura de presupuesto participativo); en las relativas a la regulación interna, funcionamiento e integración de los órganos del estado, así como en la restricción a los derechos fundamentales.
