El constituyente permanente desde mayo de 2015, dotó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para instituir tribunales para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, siendo por ende competentes en el ámbito de sus atribuciones para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal, estatal o municipal según corresponda, así como al patrimonio de los entes públicos en los distintos niveles de gobierno.
La corrupción para un país es un lastre por la falta de aplicación de las disposiciones legales existentes, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción sin duda, permite identificar que en México existe un grave problema de corrupción, derivado de la falta de educación cívica de una gran parte de los integrantes de la sociedad y de una cuestión ética.
Ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas, no se encuentra desvinculado de las actividades profesionales inherentes al asesor tributario respecto del cumplimiento de la obligación constitucional del contribuyente para el sostenimiento del gasto público, por un lado, existe el contribuyente que aludiendo al desconocimiento de las leyes no cumple y por otro el que conociendo elude su responsabilidad, muchas veces alentado por profesionales que en aras de obtener prestigio en la comunidad, con sus orientaciones o estableciendo acciones agresivas logran erosionar la base impositiva, teniendo como resultado una disminución en la captación de recursos tributarios por parte de la hacienda pública, con un perjuicio evidente hacia los destinatarios de dichos recursos como lo son las instituciones educativas en general.
La educación es la base del progreso de una nación, no es disminuyendo los presupuestos en la materia por falta de recursos, como se pueden solucionar los problemas, no es necesario el establecimiento de tribunales "anticorrupción" para que disminuya la práctica hasta hoy cotidiana del saqueo de las arcas públicas por los gobernantes en turno, basta con que se aplique la ley a los infractores y se incremente el presupuesto para las instituciones educativas públicas, en especial las que imparten estudios de nivel superior como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
