Hoy en día existen muchos cuestionamientos sobre la tarea que realizan las comisiones de Derechos Humanos, ya sea a nivel federal y dentro de las entidades federativas. Por ello es que en estas líneas haremos un análisis de uno de los puntos esenciales y que son muy cuestionados dentro de las tareas que realizan las comisiones de Derechos Humanos; nos referimos al tema de las recomendaciones que estas emiten hacia las instituciones del Estado.
Proteger, promover y difundir el respeto de los derechos humanos son algunas de las tareas que realizan las comisiones de Derechos Humanos; por ello, cuando existen actos de autoridad que vulneran la esfera jurídica del gobernado, éstos acuden ante las comisiones de Derechos Humanos a presentar la queja correspondiente, con el fin de que dicha institución indague los hechos que son presumibles de violaciones a derechos humanos, con el fin de que se le repare el daño al quejoso y, así mismo, se emitan recomendaciones a la autoridad para que se abstenga de realizar dichas actuaciones que afectan al gobernado.
En este orden de ideas, una vez que la Comisión de Derechos Humanos comprueba que, si existen actos violatorios de derechos hacia el gobernado, emite una recomendación a la autoridad responsable. Aquí es donde empieza a existir una gran problemática, puesto que la recomendación no es vinculatoria, es decir, no obliga a la autoridad a acatar las recomendaciones que se le señalan. Es así que, al no tener esa obligatoriedad, no se le condena o condiciona a la autoridad responsable, para que deje de realizar dichos actos que son violatorios de derechos humanos. Por consiguiente, la autoridad seguirá realizando las mismas acciones hacia los demás gobernados.
En Michoacán esto debe cambiar a la brevedad posible, por el bienestar de los gobernados. Por ello, los legisladores deberán voltear a ver esta problemática para buscar darle solución al problema imperante sobre la no vinculatoriedad de las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos de Michoacán. Basta analizar que Michoacán se encuentra sumergido en una crisis de derechos humanos, y esto deriva de la no obligatoriedad de acatar las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos.
El Congreso de Michoacán, a inicios de 2020, emitió una convocatoria que invita a la sociedad a que sea partícipe con propuestas para reformar la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aquí es el momento en donde podemos hacerle llegar propuestas a los legisladores, con el fin de modificar la Ley de la CEDH para que se establezca la obligatoriedad de las recomendaciones que emite dicha institución hacia las autoridades responsables y, así mismo, plasmar las formas y medios adecuados para que se acaten dichas obligaciones, y establecer los supuestos en que quien no las cumpla reciba la sanción correspondiente, por las vías legales correspondientes.
Esta es una propuesta idónea para que el estado salga de la crisis que hay actualmente en materia de derechos humanos, pero es necesario que los legisladores, en realidad se comprometan a solucionar la problemática de las recomendaciones. Por ello, desde su quehacer, los legisladores deberán modificar los instrumentos normativos correspondientes, dejando de lado los intereses personales y buscar el bienestar de los gobernados.
La Comisión de los Derechos Humanos de Michoacán debe enaltecerse y es necesario que los poderes del Estado hagan sus tareas para reforzar esta institución y, así mismo, lograr que la sociedad vuelva a creer en los beneficios de esta.
Son nuevos retos los que se avecinan en Michoacán en materia de derechos humanos, por ello es necesario que todos trabajemos para mejorar el tema de los derechos humanos. Asimismo, debemos luchar y brindar herramientas para consolidar que las autoridades responsables acaten de manera obligatoria las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos, ya que esto establecerá un nuevo paradigma en la protección de las garantías individuales de los michoacanos, puesto que se le exigirá de manera oficiosa a las autoridades evitar realizar actos que atenten contra la esfera del gobernado.
