La actual crisis que hay en México en cuanto a violaciones de derechos humanos va cada vez más en aumento, y el Estado no ha podido hacer frente a esta problemática, por ello es que estas violaciones a derechos humanos atentan principalmente contra los grupos altamente vulnerables.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables define que los grupos vulnerables son “Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia”. Ante dicha definición, podemos encontrar que gran parte de la sociedad mexicana se encuentra en un sector de vulnerabilidad.

Aun cuando el Estado debe aplicar mecanismos eficientes para brindar y garantizar la protección de los derechos humanos de estos grupos vulnerables, no se realiza como debería ser, pues siguen existiendo severas restricciones al pleno disfrute de los derechos humanos de estos grupos. Estas restricciones se establecen desde el marco normativo, y han sido los jueces federales quienes mediante la emisión de diversas sentencias han ido trazando una nueva ruta de incorporación de estos grupos vulnerables, al tejido social y político, y garantizarles, asimismo, el mayor grado de bienestar posible.

Si bien en la última década los derechos humanos han evolucionado de manera considerable, en especial en sectores que habían sido olvidados por el Estado, eso ha creado un nuevo paradigma de vanguardismo constitucional en pro de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Pero esta evolución sigue, y se hace ver mediante la lucha insaciable que realizan los grupos vulnerables. Entre estos grupos podemos encontrar a las mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes, internos, niñas (os), periodistas, defensores de derechos humanos, personas de la comunidad LGBT, entre otros.

Estos sectores han sido victimizados por el Estado, derivado de las acciones u omisiones de las instituciones del mismo Estado, que vulneran la esfera jurídica del ciudadano. Ahora bien, si se analiza el último informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, emitido en septiembre de 2019, podemos encontrar datos alarmantes sobre la vulnerabilidad que tienen estos grupos o sectores sociales.

En el informe de 2019 se establece que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán recibió 2 mil 334 quejas, y se atendió a más de 15 mil personas. Se establecieron 733 orientaciones y 434 canalizaciones. Ahora bien, en lo referente al género más agraviado, están las mujeres, con 872 quejas; diversidad sexual, con 2; hombres, con 1,403 quejas, y las instituciones, con 57.

Ahora bien, los grupos vulnerables que presentaron las quejas son los siguientes: niños y adolescentes, con 243; personas con discapacidad, 19; personas migrantes, 0; personas con VIH-Sida, 2; grupos indígenas, 11; periodistas, 10; defensores de derechos humanos, 2; adultos mayores, con 71, y los internos, con 196. Estos datos centran un panorama sobre la actual crisis que está atravesando el estado de Michoacán en materia de derechos humanos.

En Michoacán las cosas no han cambiado mucho en cuanto a la protección de los derechos humanos. Que si bien es plausible que en algunos sectores se disminuye (cosa mínima) el número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, por otro lado se elevan las quejas de diversos sectores sociales en los cuales años atrás no habían sufrido alteración alguna.

En México, y en especial en Michoacán, toda persona debe llegar a tener el máximo grado de bienestar posible mediante los mecanismos que implemente el Estado, pero esto no se logrará si no se deja de lado la simulación y el discurso político. Por ello, el próximo ombudsman en Michoacán tendrá un gran reto en lo referente al tema de la discriminación, que actualmente ha ido posicionándose cada vez más en nuestro entorno. La discriminación es un factor negativo pero primario en las violaciones a derechos humanos por parte del Estado, mediante las acciones u omisiones que este realiza.

Si en Michoacán se quiere cambiar las cosas, se debe trabajar en serio en materia de derechos humanos. El próximo ombudsman deberá trabajar en conjunto con los organismos autónomos para trazar una nueva ruta en lo referente a la protección de los derechos humanos de los gobernados; pero en especial se debe hacer un cuidadoso seguimiento hacia las instituciones que son señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos de los grupos vulnerables. La tarea no es nada fácil, pero es algo que debe trabajarse a la brevedad posible.