Los órganos constitucionales pretendidamente autónomos o fundamentales del Estado Mexicano y de las entidades federativas del país (en ellos se comprende al INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) quizá sean fruto de ideas buenas en su concepción teórica; pero, un tanto por la premura con la cual fueron estructurados, "organizados" y echados a andar y otro tanto porque los criterios para ello fueron de mera utilidad política, nacieron como una especie de monstruos de Frankenstein y se han desarrollado como una medusa de mil serpientes y funcionado con resultados poco claros y de beneficios enjuiciables.
Es por ello que los órganos constitucionales autónomos, como el INAI, sufren desde su nacimiento de estructuras internas incorrectas (órganos innecesarios, duplicados o empalmados funcionalmente, injustificadamente grandes o no se crean áreas que sí serían necesarias) plazas y plazas sin razón y muchas de ellas, además, ocupadas por personas que carecen de un perfil compatible con las funciones del cargo –desde los mandos superiores hasta los inferiores–; pero que son colocadas ahí para pagar un favor político, porque las empleadas son personas "amigas" de quien puede influir para que se les nombre; y claro, esas personas perciben beneficios que no se limitan a salarios jugosos, sino que también cuentan con oficinas, auxiliares, gastos de representación, bonos, viáticos y pasajes, automóvil, chofer, cobertura de teléfono, seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, entre otras ventajas.
Esto provoca que el interés en y de la burocracia ahora llamada dorada de esos órganos constitucionales autónomos, no esté en el cumplimiento cabal, eficaz y eficiente de aquel que debería ser su cometido legítimo principal (garantizar la transparencia y la protección de los datos personales, por ejemplo) sino en la conservación y disfrute de los privilegios propios y en atender las exigencias políticas de aquellos que les permitieron llegar a los puestos.
El INAI ha sido todo eso y más, tan solo basta recordar su pesada estructura, los viajes sin ton ni son, el comportamiento utilitario y veleidoso de varios de sus consejeros y consejeras, las resoluciones complacientes o incorrectas en los casos paradigmáticos, los gastos dispendiosos y, sobre todo, lo mucho que han dejado de hacer, lo cual pinta los beneficios precarios que han propiciado para la población (todo esto detallado en los medios de comunicación y de conocimiento público).
Esto no es de hoy, data desde su origen, y se ha cuestionado a lo largo de los años; pero poco caso se ha hecho sobre el particular, v. gr. escuche la intervención del suscrito en el "Tercer seminario internacional de la transparencia a los archivos: el derecho de acceso a la información": http://www.te.gob.mx/documentacion/3seminario/TransmisionDemanda.asp?video=Tema6.rm
Poner remedio a los problemas de los órganos constitucionales autónomos o fundamentales como el INAI, pero no solo el INAI, requiere mejores respuestas en varios órdenes, como en su estructura, organización, puestos/perfiles, procedimientos, temas de presupuesto, aspectos de planeación y política pública, de educación, ética y moral, que a su vez tocan rubros de distinta naturaleza: normas, planes y programas, administración, educación, investigación y muchos otros aspectos, para que esos órganos como el INAI recompongan su camino, pues como se decía al inicio, las ideas en su origen no fueron malas.
La tarea corresponde prácticamente a todos los poderes y órganos públicos, con la participación de la gente. El gran enigma es si esos órganos como el INAI serán llevados a la regularidad en un gobierno electo que les ha fustigado.
