Cada titular del Ejecutivo federal ha izado una bandera política en su gestión, como símbolo que articula lo mismo problemas que promesas de resolución a esos mismos problemas.

Por señalar a los dos últimos presidentes anteriores al actual, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa enarboló como estandarte de su administración la lucha contra la delincuencia organizada (delitos contra la salud, en específico) mientras que Enrique Peña Nieto levantó como gallardete las reformas estructurales (marcado acento económico).

Tanto la guerra contra la delincuencia declarada por Calderón Hinojosa, como las reformas estructurales de Peña Nieto han provocado los resultados que todo mundo conoce, y no pueden presumirse hoy como botones de orgullo.

La bandera que el presidente de la República en ejercicio ha empuñado consistentemente ha sido la de la lucha contra la corrupción, pues estima que la corrupción es sintéticamente «el origen de todos los males» públicos.

El combate al robo de hidrocarburos, la asignación directa de recursos a los beneficiarios de programas públicos federales de asistencia social, la compra global de medicamentos, la persecución de servidores públicos infractores por faltas administrativas y delitos, la moderación del gasto público, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la anulación del otrora Estado Mayor Presidencial, la venta de vehículos de motor terrestre y aéreo al servicio del presidente y muchos otras medidas apuntan justamente en la dirección de combatir la corrupción pública.

Pero, así como ocurre lo anterior, también hay zonas grises como el gasto público ejercido justamente en la lucha contra el huachicol, el que un banco determinado sea el que «administre» gran parte de los recursos públicos del gasto social, el que figuras políticas del pasado reciente son casi «intocables» pese a sus fechorías documentadas, la penumbra del alto costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco (pagos hechos al efecto) y el gasto del aeropuerto de Santa Lucía (lo pagado por la cancelación del de Texcoco se debe sumar a lo que se gasta y gastará para tener nuevas vías aeroportuarias y compararlo contra la opción del primer aeropuerto), la asignación de puestos y cargos públicos que no se corresponden con una idea del mérito y la honestidad (todo se hace descansar en el argumento de la honestidad subjetiva, como si no hubiera profesionales honestos y capaces no conocidos por el presidente o cercanos) y ello sin considerar todos los desaseos en que se incurre en los gobiernos morenistas a nivel local y municipal.

En ese contexto, la investigación abierta por la Secretaría de la Función Pública federal, al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, a partir de una denuncia anónima y de un reportaje periodístico, estaba llamada a ser el «hito» en la lucha contra la corrupción preconizada una y otra vez por el presidente de la república; pero, todo parece indicar que la titular de la Secretaría de la Función Pública y otras entidades competentes pecaron por omisión.

Teniendo a la vista el informe técnico rendido por la Secretaría de la Función Pública es evidente que se estructura en 4 aspectos esenciales: a. La competencia de la Secretaría de la Función Pública, b. Las hipótesis de responsabilidad administrativa, c. La investigación que arrojó un caudal probatorio; y d. La consideración jurídica, factual y probatoria que llevó a la Secretaría de la Función Pública federal a concluir que no había bases para instaurar un procedimiento administrativo contra el titular de la CFE. Así se «mató el asunto»

Sin embargo, más que por lo que se dice en el informe, la crítica sobreviene por lo que se omite, pues la Secretaría de la Función Pública federal incurre en yerros omisivos importantes en los capítulos esenciales de su informe:

  1. En la competencia, pese a que la secretaría tiene y tenía el poder-deber de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (artículo 37, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública) por hechos de apariencia delictiva de los cuales tenga conocimiento, no se hizo, pasando por alto y de manera intuitiva que no parece justificado el patrimonio de Bartlett Díaz contra sus ingresos como servidor público;
  2. En torno a las hipótesis de responsabilidad administrativa, no se considera interpretación, ni argumento adicional alguno a conductas que, si bien no fueran faltas administrativas, sí pudieran constituir hipótesis de responsabilidad penal (enriquecimiento ilícito, por ejemplo) o de acción civil patrimonial (extinción de dominio);
  3. La investigación se limitó esencialmente a solicitar informes documentales con diferentes cortes de tiempo sobre declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales, registro de propiedades, de estado civil (no se investigaron fuentes de ingresos directas, valores inmobiliarios de mercado, testimonios sobre la relación con la pareja de Bartlett…); así que la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, se contentó con tener por cierto que cinco inmuebles ubicados en la ciudad de México tienen un valor (al momento en que fueron comprados, según los datos registrales) de 8 millones de pesos, cuando es a todas luces irrisorio (usted, amable lector puede ubicar los inmuebles por medio de internet, sus precios en la zona y darse cuenta intuitivamente que el valor es y era muy superior, más allá de lo manifestado como valor de «compra») y que se deben sumar a los 51.6 millones de pesos que Bartlett Díaz aceptó tener en cuentas bancarias; y,
  4. En torno a las consideraciones y conclusiones, es evidente que no hubo ni interpretación, ni argumento alguno, con relación al extraño e incompatible, a primera vista, patrimonio de Bartlett contra sus ingresos.

Luego de la exoneración de responsabilidad administrativa al director de la CFE, el presidente de la república, por boca propia lo respaldó y de forma pública lo «placeó» amigablemente.

El informe Bartlett y la resolución del otrora secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, desestimando responsabilidades por la «Casa Blanca» no son iguales, por los contextos, por las conductas concretas, por los montos indagados, por las relaciones entre los denunciados y las empresas fuente de recursos.

Sin embargo, queda a la vista la incoherencia entre el patrimonio de Bartlett Díaz y sus ingresos, como ocurrió con una similitud apreciable en el caso de la «Casa Blanca».

Así que más allá de la procedencia de acciones legales contra Bartlett Díaz (que además se tendrían que enfrentar a problemas de prescripción e irretroactividad) lo que ha quedado patente es que existe esa incompatibilidad señalada (patrimonio-ingresos) y que no obstante ello, Bartlett seguirá despachando en la CFE, con el abono de la confianza y dispensa del presidente, sin que haya cuestionamiento alguno al interior.

Los efectos (especialmente electorales) de la exculpación de Bartlett, son un misterio; pero sin lugar a dudas resta en la credibilidad a la administración pública federal en funciones, pues no se puede decir que sume credibilidad.

Los morenistas o lopezobradoristas a ultranza disculparán todo lo sucedido y lo pretenderán justificar con cuanto puedan; los opositores extremos, igualmente dirán que el gobierno del presidente en funciones se ha perdido irremediablemente, y me parece que en ambos casos recalan en un error, por la misma razón: son excesos.

El caso Bartlett Díaz no hundirá al gobierno de la 4a T; pero es claro que no le abona nada positivo; mejor hay que valorarlo en su justa dimensión, con una libertad crítica razonable, así como desapasionada.

Ya se verán sus consecuencias en no tanto tiempo sobre la bandera insignia de López Obrador y no dependen de una sola persona.

Feliz 2020.

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