Como lo disponía la Constitución vigente en su momento, el 1 de enero de 1825, Guadalupe Victoria, Presidente de la República Mexicana, al iniciarse los trabajos parlamentarios, asistió a la ceremonia de apertura legislativa para dar cuenta del estado que guardaba la administración a su cargo.
Una comisión de 6 legisladores -diputados y senadores- lo condujeron al interior del recinto legislativo; el Presidente Victoria leyó un mensaje en el cual expuso su ideología, el estado general de algunos rubros de su administración, dijo que en su oportunidad los secretarios del ramo darían cuenta pormenorizada del informe y concluyó con una reflexión; después el Presidente de la Cámara de Diputados contestó el informe con un mensaje similar y el Presidente fue acompañado al exterior del recinto por la misma Comisión de 6 legisladores que lo introdujeron.
Esto mismo pasó casi todo el siglo XIX y XX, esto es, el Presidente asistió al Congreso a dar cuenta de la administración, un legislador o legisladores respondían al informe, y luego tenía lugar la glosa del informe, esto es, su discusión pormenorizada.
Fue en los últimos tiempos que la Constitución y el formato del informe varió, y así sucedió, por ejemplo, en el penúltimo informe del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien al no preverlo la Constitución, sólo envió el documento escrito del informe al Congreso y más bien dirigió un mensaje sobre el particular a la población general, desde el palacio nacional, a donde asistieron sólo las personas invitadas.
El 1 de septiembre pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se sujetó a lo dispuesto en la Constitución -esta puede ser su excusa: que la Constitución lo dispone así y con ella se conformó- y envió su informe de gobierno al Congreso de forma escrita, sin comparecer, y tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto, desde el palacio nacional, a través de los medios de comunicación pública y privados que se sumaron, dirigió un mensaje a la población, estando presentes en palacio nacional las personas invitadas por la Presidencia.
Como ocurrió con Peña Nieto, ha sucedido igual con Andrés Manuel López Obrador, que luego del informe se ha desencadenado un alud de mensajes en radio, televisión e incluso en internet, resaltando los "resultados" que se han logrado.
Este esfuerzo de difusión de los informes, tiene un antecedente decimonónico, en la figura no bien recordada de Antonio López de Santa-Anna, quien incluso antes de rendir su informe como presidente, publicó en los periódicos de su tiempo una alocución sobre el particular dirigida a los mexicanos, en la cual resaltó que él se condenaba "sin restricción alguna, al servicio del pueblo magnánimo que lo había querido honrar" como Presidente, esto es, cual mártir se subyugaba a los designios patrióticos del pueblo, porque el pueblo era lo primero.
A mi manera de entender un informe tal, como el del Presidente Peña Nieto, o como el de Andrés Manuel López Obrador, con vistas o previsibles discusiones parlamentarias poco lúcidas y menos lúcidas, poco o nada sirven, pues difícilmente comunican la verdad sustantiva y menos auxilian a que se ejerza un razonable control sobre la administración pública por el Congreso.
A mi entender, para mejorar el informe presidencial, se deben tomar medidas esencialmente políticas y jurídicas.
Políticamente, se debe fomentar una cultura crítica y valorativa de los ciudadanos, así como de los actores políticos, a fin de actuar y crear una ética general y en la cual se impulse de forma práctica la idea de un informe presidencial, en todas sus concepciones, digno de ser creído y que incorpore los bienes y los valores superiores que tutela nuestro sistema constitucional, entre ellos, de manera esencial, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Jurídicamente, se deben modificar la Constitución Nacional y las leyes correspondientes para disponer:
1. Un contenido temático mínimo del informe presidencial.
2. Que las Cámaras del Congreso de la Unión, de manera previa a la conclusión de los trabajos de elaboración del informe presidencial en sede administrativa, puedan proponer un tasado de temas o contenidos que debe contener dicho informe.
3. Que se omita el uso de colores, imágenes, textos o cualquier otro elemento visual o auditivo, con fines de promover una imagen personal, de grupo, de propaganda institucional o electoral.
4. La obligación del Presidente de la República, de presentar de manera personal el informe escrito que guarde la administración pública del país, ante el Congreso de la Unión.
5. La obligación del Presidente de la República de acudir al Congreso y de pronunciar de manera oral un mensaje correspondiente al informe, así como para que en dicha sesión se responda al informe por el Presidente de la Cámara y se establezca un diálogo breve con los legisladores sobre la base de preguntas orales, en torno al informe, con acceso abierto a los medios de comunicación y con la posibilidad de que el Presidente de la República, se pueda hacer acompañar por un número determinado de los titulares de las Secretarías de Estado.
6. Que se establezcan hipótesis estrictas de responsabilidad política y de diverso índole, respecto al contenido del informe.
Esas son solo unas pocas propuestas, para dejar atrás este anacrónico y poco útil informe de gobierno, para que sea más compatible con una Constitución deliberativa y participativa, redescubriendo las intenciones originales de nuestras primeras Constituciones y para fortalecer nuestra democracia.
SG
