Este 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos y ello nos impone muchos retos, entre ellos la creación de sistemas estatales de archivos, en los cuales se deberán establecer mecanismos de coordinación entre los tres Poderes del estado, los municipales y los demás sujetos obligados, con la finalidad de organizar y conservar de manera homogénea los documentos.
En Michoacán ya contamos con un Sistema Estatal, por lo que debemos analizar si la operación del mismo ha garantizado la preservación, conservación, organización, descripción y difusión del patrimonio documental de la entidad.
Este Sistema se integra por una asamblea general conformada por los responsables de los archivos del sector público, pudiendo incorporarse los titulares de los archivos privados; y un Comité Técnico integrado por representantes de los tres Poderes, de los ayuntamientos, de los organismos públicos autónomos y representantes de los archivos privados.
Por tanto, al tener un Sistema Estatal de Archivos, corresponde analizar su integración, sus facultades y objetivos, y aprovechar esta homologación, es decir, no transcribir párrafos de la Ley General a la estatal, sino mejorar lo que se tiene de conformidad con los principios y bases de la ley que recién entró en vigor.
¡De eso se trata! Estamos ante una ley marco que determina competencias, que distribuye obligaciones, que regula facultades concurrentes, al otorgar bases para el desarrollo de las leyes locales, bases que debemos respetar. Es decir, los estados, los municipios y la federación actuamos respecto de una misma materia; ahora toca materializar las reglas que determina la Ley General y con ello vamos a tener una ley estatal práctica y funcional.
Lo que significa que, si al homologar la ley estatal con la general comenzamos por trasladar el primer párrafo, no estamos haciendo bien las cosas.
Vuelvo a Michoacán: el Sistema Estatal ya tiene muchos objetivos determinados, como promover la sensibilización de la sociedad en la importancia de los archivos y promover la profesionalización de los archivistas del estado (solo por mencionar algunas), lo cual considero que está muy bien; realmente creo que el estado tiene un gran avance en cuanto a su Sistema Estatal.
Por lo que hay que preguntarnos si a la fecha se ha cumplido con el propósito de instalar un sistema estatal, si se están cumpliendo sus determinaciones, se ha sensibilizado a la sociedad y profesionalizado a los archivistas; porque es momento de darle vigor a la ley, y no me refiero a entrada en vigencia, relativa a la aplicabilidad de aquella, sino a evitar que nuestras leyes que estamos homologando sean letra muerta, que sea prácticamente imposible de cumplir para los archivistas.
Debemos velar por una ley estatal clara, práctica, que vea por las necesidades y particularidades de la entidad federativa. Michoacán es inmenso, simplemente en el ámbito municipal tenemos que tener una regulación que permita gestionar los archivos de 112 ayuntamientos y un Concejo Comunal; también, las condiciones climatológicas permiten que el estado sea rico en recursos naturales, pero a la vez este contexto pone en riesgo la conservación de los documentos, es específico, por los climas húmedos y subhúmedos.
Estas y muchas otras particularidades permitirán que, conservando y mejorando las buenas prácticas y formas de organización que han venido funcionando e integrando las bases y principios que la Ley General nos señala, constituiremos la medula ósea que vuelva realidad el respeto hacia el ciclo de vida de los documentos. No se trata de destruir para construir todo este Sistema, se trata de mejorar y atender aquello que no ha resultado.
Se necesitan sistemas funcionales, no políticos. La conservación de los documentos dependerá de la organización y homologación de los procedimientos y métodos para tratar a los archivos; la voluntad política será clave, pero para respaldar de manera económica las acciones que se habrán de ejecutar por obligación legal.
