Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Coordinación Política del Congreso local generó un acuerdo para establecer lineamientos para el ingreso de invitados y grupos organizados al recinto legislativo, mismo que generó críticas de algunos diputados.
El documento establece que los asambleístas que deseen llevar invitados a las sesiones y reuniones que celebra el Congreso del Estado deberán solicitar autorización por lo menos cinco días previos a la fecha en que esté programada la visita al Palacio Legislativo.
El acuerdo indica que los servidores públicos o ciudadanos que deseen ingresar a las sesiones de Pleno, visitas guiadas o como invitados de diputadas o diputados deberán enviar escrito dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva, en la que especifiquen la fecha, el número de personas, sus nombres, quiénes son los responsables y actividad a desarrollar.
Añade que una vez autorizado el ingreso de los invitados y/o grupos organizados, el responsable quedará obligado a garantizar que su grupo se conducirá con orden y respeto durante toda su visita dentro del inmueble, y, en caso de que ello no ocurra, el presidente del Congreso ordenará el retiro de los grupos asistentes auxiliándose del departamento de seguridad.
Este acuerdo se da a conocer luego de lo que hicieron simpatizantes del legislador petista, Baltazar Gaona García, incluido su papá el presidente municipal de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, al lanzar agresiones verbales, monedas y billetes a los congresistas locales durante una sesión ordinaria.
Ello motivó también la instalación de un filtro de seguridad en el acceso principal de sede legislativa para restringir el acceso a toda persona ajena al Congreso, que no esté acreditada o haya registrado previamente su asistencia, según versión de los mismos elementos de custodia.
El asunto ya generó posturas en contra. La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, dirigió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Antonio Salas Valencia, un escrito de inconformidad, en el que refiere que tales lineamientos no están sustentados.
La petista argumentó que el artículo 41 de la Ley Orgánica no faculta a la Junta de Coordinación Política a sustituir al Pleno en la toma de acuerdos que le competen, y, más aún en su artículo 218 fracción I, el mismo marco normativo establece que las sesiones públicas serán "aquellas que se celebren permitiéndose el acceso del público al recinto, en las galerías; prohibiéndose la entrada a quienes se encuentren armados o en estado inconveniente a juicio del Presidente del Congreso".
Citó que, si bien la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso establece como atribuciones del presidente preservar el orden y la inviolabilidad del recinto legislativo, las medidas que se tomen al respecto deber ser votadas por el Pleno.
"Por lo anterior, considero que el acuerdo en mención tomado por la Junta se extralimita en las atribuciones que ésta misma tiene, además de que puede ser violatorio del artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice "no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país", resaltó.
Con ella coincidió el representante de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, quien insistió en que no pueden restringir el acceso de los ciudadanos a las instalaciones del Congreso y mucho menos a las sesiones.
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