Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno michoacano, y con una conferencia magistral a cargo del especialista en la materia Bolfy Efrain Cottom Ulin sobre el reconocimiento y defensa de los derechos culturales, iniciaron los trabajos del Foro Fortaleciendo legislación y políticas culturales; cuyas mesas de trabajo se llevaron a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Morelia con la participación de gestores, promotores y creadores de la entidad.  

Correspondió a Salvador Ginori secretario de cultura de Michoacán y representante del gobernador Silvano Aureoles, realizar la declaratoria inaugural del evento, no sin antes externar su agradecimiento ante el entendimiento sostenido con los representantes del Poder Legislativo, en aras de trabajar por y para los michoacanos.

Añadió Ginori que se busca encontrar caminos a fin de mejorar las condiciones de la Secretaría a su cargo y brindar un mejor servicio.

También reconoció la experiencia y los conocimientos del antropólogo Bolfy Bottom, los cuales dijo, ayudarán a caminar juntos en un mismo sentido.      

El Secretario de Cultura estuvo acompañado en el presidium por Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, presidente de la Comisión de Cultura y Artes de la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán

y una de las impulsoras del foro, por Fabiola Alanís Sámano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el diputado Enrique Zepeda Ontiveros, integrante de la Comisión  de Cultura y Artes del Congreso de Michoacán.

También asistieron Miriam Tinoco Soto, secretaria de Política Social de gobierno michoacano así como las diputadas Yaraby Ávila González, Maricamen Bernal y Nayeli Pedraza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Al tomar la palabra, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez expresó que el tema abordado en el foro es de vital importancia, por lo que agradeció la coordinación y colaboración de la Secretaría de Cultura de Michoacán para que los trabajos y la acción previa se llevaran a cabo de manera colectiva y respetuosa.   

Fraga Gutiérrez explicó que la cultura es un factor fundamental que debe contribuir en una vida mejor para los habitantes, y que los instrumentos plasmados en la Ley de Desarrollo Cultural deben  operarse y hacer que cumplan sus objetivos, mismos que evidenciarán  el peso y la importancia de la cultura  en la construcción dela ciudadanía.

Indicó que uno de los principales retos de la legislación en turno es armonizar las leyes ya derivadas de la reforma Federal aunado a la reciente creación de la Secretaría de Cultura a nivel nacional; cambios que deberán ser sustanciales y efectivos

La Presidenta de la Comisión de Cultura Artes del Congreso Estatal refirió que hablar del derecho y del desarrollo cultural están ligados a conceptos de desarrollo económico y social. Si se reconoce que los derechos culturales son derechos humanos, entonces son la base para la creación de las políticas públicas.

Agregó que hablar de cultura y de economía genera retos trascendentales, pues implica el diseño de instrumentos para medir el impacto de la actividad cultural y la economía que atrae, concretar acuerdos internacionales en la materia; incentivar y regular el comercio del arte, y que se reconozca entonces la figura del gesto cultural  como generador económico.  

Recordó que el foro tenía como objetivo principal genera un espacio de análisis y reflexión con diferentes actores relacionados con la cultura y las artes, en conjunto con las opiniones y expresiones de experiencias exitosas.

La legisladora también expresó que los pueblos indígenas representan espacios culturales entendidos como formas de organización, representación y conocimientos adquiridos ancestralmente.  Agregó que la vigencia de la legislación debe ser analizada, pues existen nuevas formas de normar los temas relativos a la cultura, específicamente basados en los casi recientemente llamados derechos culturales, los cuales amplían el término de acceso a la cultura, el cual resulta limitativo pues se refiere sólo a la cultura entendida como las formas de expresión artística que se distribuyen e incluso se comercializan.

Finalmente, Fraga Gutiérrez manifestó que los derechos culturales sientan la pauta para una protección más amplia de toda forma de vida en cuanto a la convivencia, expresiones, usos y costumbres inherentes a la cultura de cada persona.  

Acto seguido se dio paso a la conferencia magistral ofrecida por el académico, antropólogo social, filósofo y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Bolfy Cottom, quien tras agradecer la invitación mencionó que en el país, entre las entidades más activas y dinámicas de construcción de políticas públicas de cultura y de creación y expresión cultural se encuentra Michoacán que comparte dicho quehacer con Oaxaca Nuevo León, Querétaro, Veracruz,  Yucatán y la Ciudad de México, por lo que no es gratuito que se convoque a un nuevo proceso de encuentro para hablar, revisar evaluar y repensar, la política pública sobre cultura y lo que implica la legislación, es decir los programas, instituciones, comunidades y pueblos; sectores de creadores, artistas y académicos entre otros, incluidos los instrumentos  de política pública, los poderes ejecutivo,  legislativo e incluso judicial.

El investigador recomendó no olvidar que toda política pública en general y de cultura en particular siempre será inacabada, es pefectible e incluso limitada, ante el hecho de que la dinámica cultural de todos los pueblos es prácticamente infinita, mientras que los recursos y medios de las políticas públicas del Estado siempre serán limitados, amén de factores internos y externos que influyen en ella para su aplicación.

Cottom dijo que se debe partir de dicha base para lograr mejores resultados, sin olvidar que el problema de la cultura como objeto de las políticas públicas también es inacabado, permanente y avanza pero se detiene e incluso retrocede. Por ello no deben construirse falsas expectativas, sino alternativas de solución ante los diversos problemas y valorar lo logrado por mínimo que sea, sin dejar de ser críticos.

Bajo la óptica de los derechos culturales y su relación con las políticas públicas, Bottom compartió ideas para él fundamentales para entender el momento por lo que atraviesa Michoacán. Afirmó que los derechos culturales significan el cambio de paradigmas en el diseño, planeación e implementación de las políticas públicas, en donde la única diferencia que puede existir es aquel conjunto de atribuciones u obligaciones de la autoridad, y del conjunto de derechos fundamentales de las personas, habitantes o de quienes transitan por Michoacán.

En tal sentido indicó que éste es un mito que se debe superar por lo que la primera tarea será el análisis y diagnóstico que aclare las  bases sobre las cuales se han construido dichas políticas; es decir, se trata de construir un proceso con distintas  etapas, en las que se desmenuce la estructura legal, política y administrativa, para establecer con claridad  qué de la dinámica cultural de los pueblos se han atendido o no por el gobierno, y qué constituyen derechos fundamentales, los cuales son susceptibles de ser entendidos sencillamente como bienes y servicios brindados por el Estado.

Lo anterior, dijo el experto en legislación cultural, es fundamental para establecer un catálogo mínimo de derechos culturales, los cuales pueden ser exigibles ante instancias precisas, mediante procedimientos claramente establecidos,  para evitar que sólo sean buenos  deseos o enunciados meramente declarativos que adornen una legislación.

También consideró pertinente aclarar y superar otro mito: el célebre enunciado “derecho a la cultura” o “derecho al acceso a la cultura”, frase producto de la tergiversación o errónea interpretación de Derecho Internacional, pues no se refieren a tal concepto. En este sentido consideró tener cuidado en su uso pues la cultura no es un derecho sino una condición humana expresada de múltiples formas y que asume diversas características.

Ante este panorama Bottom, quien fuera coordinador de la Comisión redactora de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, expresó que en primer término es preciso reconocer que toda política pública se construye sobre la base de las necesidades, demandas y exigencias sociales, además de que atiende a interese propios de política del estado. Sólo así se explica porque se generan tensiones entre la sociedad y las instituciones de gobierno. Ante dicha lógica muchos aspectos de la política cultural pública se resuelven a partir de la prestación de bienes y servicios pero muchos otros, quizá los de fondo, no son resueltos o quedan inconclusos.

Explicó que los derechos culturales constituyen también problemas de fondo que tienen que ver con derechos humanos y por ende deben ser respetados y garantizados por el Estado, lo que implica mover estructuras a fin de que su resultado sea palpable y no se quede en aspiraciones políticas.     

Agregó que la creación de un catálogo de derechos culturales implica su positivación a fin de que puedan ser exigibles, al tiempo que se establezcan mecanismos procedimentales útiles a las personas, ya sea de manera individual o colectiva, en la exigencia del cumplimiento de dichos derechos.

También deben existir, en el ámbito administrativo y jurisdiccional, instancias encargadas de atender el cumplimiento de dichas demandas.

Agrego que como en toda acción política, el tema de los derechos culturales también tiene una dimensión educativa y formativa, por ello una tarea tanto del gobierno como de la sociedad es la investigación y la difusión del conocimiento en dicho ámbito, ya que ningún derecho cultural puede defenderse si no se sabe de su existencia y la manera de defenderlo.     

En tal circunstancia el primer obligado es el gobierno y todo aquello que signifique ejercicio de poder quien debe tener clara su función y obligaciones en relación con los derechos culturales, lo que implica formar, capacitar y educar a los servidores públicos a fin de que se encuentren preparados para atender las quejas, denuncias y demandas que se generen.

También debe haber un trabajo estrecho entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local y federal, con la academia, con las comisiones de derechos humanos para responder al desafío de defensa de los derechos culturales.

Como ejemplo citó el caso de  la comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México y  a nivel nacional que han empezado a atender  quejas en la materia, lo que ha dado lugar a recomendaciones  que empiezan a mover dicha maquinaria.

También habló sobre los desafíos relativos al apartado de derechos culturales aparecidos en la ley de Desarrollo Cultural promulgada en septiembre de 2007 y reformada en noviembre de 2010

En ese sentido indicó que adolece de tres problemas tener una fuerte carga declarativa pues se inclina acceder, expresar valores culturales sin que eso se concrete en algo como un hecho palpable de orden social.

También establece el derecho a conocer, apreciar, desarrollar y expresarse a través de los lenguajes artísticos a fin de ejercer integralmente sus capacidades creativas o usar usufructuar  o defender su creación intelectual  conforme a las disposiciones en la materia  estableciendo que las dependencias de la administración pública estatal y municipal diseñen e instrumenten políticas y acciones  que garanticen el ejercicio de dichos derechos, sin embargo los derechos culturales a fin de cuentas no lo son al depender si la administración pública  hace o no por que se cumplan, cuando en estricto sentido deberían establecerse mecanismos para que las personas  puedan reclamar dichos derechos.   

La propia Ley de Desarrollo Cultural no establece la obligación de contemplar ni siquiera reglamentariamente dichos derechos por lo que no hay manera de saber si el contenido amplio tiene algún espectro de carácter concreto o se queda en un enunciado sin contemplar o establecer la forma de defenderlo ante autoridad alguna.  

Bolfy Cottom resumió que dichos aspectos deben subsanarse complementando el marco legal normativo relativo a los derechos culturales y armonizando el resto del texto legal.