Se le pidió a la funcionaria federal ejecutar el convenio recibe signado para que no quede en “buenas voluntades” como ha sucedido en otras administraciones (Foto: FB/ PROAM Michoacán)

Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al ser considerada una problemática que desde hace tiempo rebasó a las autoridades estatales, el gobierno de Michoacán en la presente administración sólo a desinstalado el 1.5 por ciento de las 250 mil hectáreas de huertas de aguacate ilegales, por lo cual, el procurador ambiental del estado, Juan Carlos Vega Solórzano, informó que se firmó un convenio con el gobierno de la República para que se inicien acciones en conjunto.

En entrevista para MiMorelia.com, el titular de la PROAM externó que este lunes en la reunión de la Asociación Nacional de Autoridades Estatales Ambientales (ANAAE) los responsables de las dependencias en materia de medio ambiente del país, le externaron a la titular de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortíz la preocupación que existe en México tras el aumento de las contingencias como la ola desmedida de incendios, la contaminación en la calidad del aire, la tala ilegal, el sargazo, la extinción de animales emblemáticos, así como el cambio de uso de suelo, entre otros.

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Señaló que esta reunión se había planteado con el gobierno federal desde hace más de un año cuando aún estaba en el gobierno el priísta Enrique Peña Nieto, pero no sé había concretado hasta ahora con la llamada Cuarta Transformación.

Indicó que luego de que se encendieron las alertas rojas en todo el país por la crisis ambiental que se vive y que ya cobró factura a la Ciudad de México ante los altos índices de contaminación y que obligó a las autoridades emitir un plan de contingencia, dijo que se firmó un convenio para que de inmediato se implementen acciones desde incrementar el presupuesto a la Comisión Nacional Forestal para abatir los 140 incendios activos en el país que incluyen a Michoacán, hasta la compra de equipamiento, unidades y políticas públicas más duras que obliguen a las personas a no infringir las leyes ambientales.

Destacó que se le pidió a la funcionaria federal ejecutar el convenio recibe signado para que no quede en “buenas voluntades” como ha sucedido en otras administraciones.

En Michoacán, el principal problema que ha deteriorado el medio ambiente, y que debe atenderse con intervención de la federación, así como de los diputados locales para que se aprueben leyes más severas, es el cambio de uso de suelo, pues las autoridades en esta administración sólo han podido desmantelar mil 800 hectáreas de huertas ilegales de aguacate de una superficie total que rebasa las 250 mil hectáreas tras la insistencia de grupos que buscan engrosar sus bolsillos a costa del medio ambiente.

“Se necesita un mayor esfuerzo entre todas las instancias donde también esté involucrado el gobierno o federal, porque es una problemática que ya rebasó a la entidad, y se necesitan emprender acciones contundentes”, señaló el titular de la PROAM.

Vega Solórzano, lamentó que en el país no exista una política ambiental federal definida para combatir todas las contingencias que está acabando con los bosques, la fauna y la salud de millones de mexicanos, por lo cual, dijo que también exigieron a Blanco Ortíz acelerar los procesos para que se cuente con una normatividad en esta materia.

CA