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Las dependencias que integran la Mesa de Seguridad Ambiental han fortalecido los operativos junto con la fiscalía (Foto: Ilustrativa/pixabay.com)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mesa de Seguridad Ambiental ha recibido en este año 67 denuncias por tala clandestina en 25 municipios de Michoacán, un cantidad mayor a la del 2018 cuando se presentaron 36 querellas, las cuales se atienden junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para detener a los responsables.

El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET), Ricardo Luna García, reconoció que hay un problema grave en cuanto a la práctica de la tala clandestina, principalmente en la región de la Meseta Purépecha, en Tangancícuaro, Purépero y Zacapu donde se derriba una cantidad incuantificable.

Ante lo cual, dijo que las dependencias que integran la Mesa de Seguridad Ambiental han fortalecido los operativos junto con la fiscalía y autoridades federales para detener este delito que ha acabado con los bosques de Michoacán, y en el año ya rebasan las más de 50 intervenciones en los lugares donde los comuneros denuncian que se realiza la tala ilegal.

Informó que la denuncia se puede levantar con cualquiera de las dependencias que integran la Mesa de Seguridad Ambiental y puede ser también anónima pero lo más importante, dijo, es que se solicita información específica como la ubicación del predio, inclusive las coordenadas si las tienen para después verificar la información proporcionada.

Luna García informó que en lo que va del 2019, los integrantes de la Mesa de Seguridad han recibido 67 denuncias por tala clandestina en 24 municipios de Michoacán, principalmente por los habitantes de la región de la Meseta Purépecha, de Tangancícuaro, Villa Madero, Zacapu, Purépero, Tacámbaro, entre otros más, en los cuales se han llevado a cabo las acciones de detención y decomiso de madera.

El titular de la SEMACCDET confirmó que la zona donde más problemas han tenido por la tala ilegal es en la comunidad de Capacuaro y en Pichátaro perteneciente a Tingambato, donde la práctica es muy recurrente, pero cuando la autoridad de procuración de justicia acude para detener a los implicados se desata una serie de acciones de presión desde retención de vehículos hasta el bloqueo de carreteras.

«Eso no ha permitido que podamos disminuir la afectación de los bosques por la tala ilegal, pues hay muchas personas que exhortan a la autoridad para que libere a las personas detenidas y así continuar con la actividad ilícita», expresó.

Sin embargo, el funcionario aseguró que continuarán los operativos y el decomiso de la madera, pues la intención de la actual administración es detener dicha práctica para que no haya más pérdida de bosque, toda vez que al año se pierden entre 40 y 50 mil hectáreas de zona arbolada a causa de la tala ilegal, el cambio de uso de suelo para la siembra del aguacate y los incendios provocados.

El pasado 5 de noviembre, la FGE informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino, por su posible relación en el delito contra el ambiente en su modalidad de tala en agravio de la sociedad.

Se indicó que Pedro G., quien de acuerdo con los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el 25 de febrero de este año realizó tala de árboles en el predio denominado “El Sauz” ubicado en la tenencia de San Miguel del Monte, perteneciente al municipio de Morelia.

De acuerdo a constancias de la Carpeta de Investigación, el día en cita, los copropietarios del predio acudieron a dicho lugar, donde se percataron de la presencia de cuatro hombres, entre ellos el imputado, quienes subían troncos y madera de pino rollo a una camioneta; tras ser sorprendidos, los infractores escaparon.

Por lo anterior, la Unidad Especializada en Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la FGE, realizó las investigaciones correspondientes, mismas que permitieron la identificación del posible responsable, motivo por el que solicitó al Juez de Control que fijara fecha de cita para formular imputación, en apego a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En la audiencia inicial, y una vez que el Ministerio Público formuló imputación, el Juez resolvió vinculación a proceso y decretó medidas cautelares, así como un mes para la investigación complementaria.

Por: Guadalupe Martínez/RMR