En Michoacán estamos apostando muy fuerte por instituciones que brinden trámites y servicios rápidos, expeditos, eficientes, porque estamos convencidos de que esa es la vía para apoyar a todos los ciudadanos; incentivar la apertura de más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores; alentar la formalidad y fortalecer la economía en su conjunto.
El costo de un trámite inicia desde el momento en que cualquiera de nosotros se traslada a una oficina, hace filas interminables; espera en ventanilla; llena un formulario; reúne y entrega documentos para cumplir requisitos; incluso aprende a utilizar una página web. El camino es engorroso y concluye hasta que un funcionario lo atiende y le da una respuesta a su solicitud.
Hay estudios muy interesantes, orientados a medir el tiempo que una persona tarda en hacer un trámite. En nuestro país, la espera ciudadana por un trámite es de hasta 7 horas, tiempo en el cual el ciudadano no es productivo; pierde él y pierde la economía.
El promedio en Latinoamérica de duración de un trámite es de 5.4 horas. En México el tiempo promedio es de 6.9 horas. El que menos dura es Chile, con 2.2, y el que más, Bolivia, con 11.3 horas.
Avanzar en este tema no se logra por decreto o sólo con buenas intenciones, no es una decisión unilateral: es fundamental la coordinación entre estados y municipios para potenciar los efectos de esta política pública.
Durante la reciente sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el Observatorio Nacional del ramo informó que de 2017 a 2019 Michoacán avanzó 19 lugares en el indicador nacional de mejora regulatoria, pasando del lugar 30 al 11, y se sigue trabajando para continuar con esa mejora constante, esa simplificación y calidad en los servicios, así como en la digitalización.
En este proceso, en Michoacán se han eliminado 179 trámites, que representan un costo de mil 35 millones de pesos, lo equivalente al presupuesto anual de siete secretarías. Esto se ha podido lograr gracias a un trabajo coordinado; hay 76 enlaces de mejora regulatoria en igual número de dependencias y en los 8 municipios michoacanos que se han sumado activamente a este reto.
La tarea es ardua, pero se seguirá trabajando para eliminar los trámites que sea posible, ya que el mejor trámite es el que no hay que hacer. Si bien la simplificación es necesaria en muchos casos y la digitalización es una vía efectiva para facilitar el acceso, ni uno ni otro son fines en sí mismos.
Una vez entendida la experiencia ciudadana, y eliminados todos los trámites innecesarios, el siguiente paso consiste en rediseñar los que sí son necesarios para que sean lo más fáciles, intuitivos y rápidos posible.
El siguiente reto es avanzar hacia un gobierno digital que dé acceso fácil a los trámites en línea para usuarios con distintos niveles de capacidad digital, que se puedan realizar desde cualquier dispositivo y ofrecer métodos de pago que no dependan de una cuenta bancaria.
