Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el transcurso de los próximos días, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE) habrá de dimensionar el impacto del acuerdo nacional que restringe la emisión de cartas de antecedentes no penales para fines de contratación laboral. El año pasado entregó 107 mil 395 en la entidad.
"De ayer a hoy entregamos 95 constancias o documentos en los que decimos al usuario que no es posible entregar la carta por estas razones", ejemplificó sin aventurarse a brindar una estimación sobre cuánto podrían disminuir la expedición de cartas de antecedentes no penales.
Tan sólo en agosto pasado, cuando todavía no entraba el acuerdo en vigor, en Morelia se entregaron 5 mil 900 cartas de antecedentes no penales, en Apatzingán 494, Lázaro Cárdenas 753, La Piedad 136, Uruapan 879, Huetamo 91, Zamora 972 y Zitácuaro 402, cada una con un costo de 190 pesos. Mientras que en el año 2017 el número ascendió a 107 mil 395 en todo el estado, que habrían significado 20 millones 405 mil 50 pesos de ingresos para el estado.
De acuerdo con el coordinador, más del 50 por ciento de las solicitudes era para fines de contratación laboral en la Iniciativa Privada, que resultaba una trasgresión al derecho a un trabajo.
Cuestionado sobre el impacto que tendrá la disminución de expedición de este tipo de documentos en los ingresos estatales, indicó que será la Secretaría de Finanzas y Administración la encargada de exponer ese tipo de información en los meses posteriores.
Asimismo, recordó que a partir del 10 de septiembre las cartas de antecedentes no penales serán entregadas solamente cuando: lo soliciten las autoridades administrativas y judiciales para fines de investigación criminal; sea solicitada para ejercitar un derecho o cumplir con un deber legalmente previsto; cuando la normatividad lo establezca para desempeñar un cargo en el servicio público o bien para el ingreso a áreas de seguridad pública o privada; cuando por la naturaleza del empleo o razones de interés público se considere exigible, y cuando sea solicitada por una embajada o consulado.
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