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Buscarán poner en marcha las nuevas fiscalías de atención a los delitos contra el medio ambiente y los animales (Foto: FB/Adrián López Solís)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, se pronunció esperanzado en que el alcance presupuestal que enviará en próximos días el Ejecutivo estatal al Congreso local contemple más recursos para el organismo de procuración de justicia a su cargo, en lo relativo al ejercicio fiscal 2020.

La propuesta presupuestal que envió la Fiscalía General al estado para el siguiente año asciende a mil 588 millones de pesos; sin embargo, en el paquete económico inicial que la Secretaría de Finanzas y Administración remitió al Congreso, el monto se redujo a mil 375 millones de pesos.

«Esperar a que nos definan cuál es el presupuesto y en función a eso vamos a hacer los ajustes y las distribuciones, porque si eso nos da la oportunidad de buscar esquemas de contratación que nos ayuden a superar algunas deficiencias en la operación lo vamos a hacer», dijo el fiscal.

Agregó, «la información que yo tengo, es que es posible que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, haga algunas precisiones respecto del proyecto que ha presentado y en ese alcance nuestra expectativa es de que a la Fiscalía se le pueda incrementar un poco más».

En encuentro con reporteros de la fuente legislativa, el diputado local con licencia informó que una vez que se definan los recursos de los cuales habrá de disponer la FGE para el siguiente año, determinarán si alcanza para resolver la homologación salarial en su conjunto o si deberá implementarse por etapas.

«Es uno de nuestras principales objetivos que los policías, ministerios públicos y peritos puedan tener una base salarial homologada», expresó, para luego hacer hincapié en la necesidad, también, de mejorar el parque vehicular, de adquirir aproximadamente 400 armas de fuego, entre cortas y largas, cuyo costo estimado es de 15 millones de pesos, y comprar reactivos suficientes para la realización de exámenes de ADN para establecer los perfiles genéticos de personas no identificadas y de familiares en busca de desaparecidos.

«Cada examen tiene un costo aproximado de 10 mil pesos, tenemos cerca de 800 muestras de personas no identificadas y cerca de mil muestras de personas que son familiares de personas no localizadas o que buscan a quienes están desaparecidos, estamos hablando de cerca de 18 millones de pesos», precisó.

Indicó que, por otro lado, buscarán poner en marcha las nuevas fiscalías de atención a los delitos contra el medio ambiente y los animales, al igual que para la atención de los delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión, además de regularizar fiscalías que funcionan de manera «precaria», tales como: trata de personas, tortura, personas desaparecidas, asuntos internos e inteligencia criminal, que requieren una estructura básica o especializada.

«Nuestra estimación es que la sola creación de esas nuevas áreas tiene un impacto de 54 millones de pesos, porque hay que establecer que personas de estructura, con posición de mando, con responsabilidad de dirección, fiscales, directores de investigación, directores de litigación, directores periciales, y todo el personal operativo que conlleva agentes del Ministerio Público, peritos y policía de investigación. Solamente en estructura, por mandato de la nueva Ley, estamos obligados a crecer el 30%, y, de tener hoy 206 puestos de estructura estaríamos llegando a cerca de 250 más o menos», planteó.

A pregunta expresa, López Solís dio a conocer que la Fiscalía tiene 500 agentes del Ministerio Público, de los cuales cerca de 360 son investigadores y el resto litigantes o personas adscritas a otras áreas, como la de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias.

En lo relativo a policías de investigación, refirió que en plantilla tienen mil 050 elementos, pero efectivos en campo solamente 700, ya que los otros realizan funciones no sustantivas o de apoyo.

Todo lo anterior, enfatizó, en aras de incrementar la judicialización de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía y disminuir la cifra de carpetas de investigación que se encuentran en archivo temporal.

Por: Sayra Casillas/rmr