Dejó en claro que el gobierno de la República, en aquel entonces encabezado por el michoacano, Felipe Calderón Hinojosa, decidió atraer la investigación (Foto: Sayra CAsillas)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex gobernador, Leonel Godoy Rangel, opinó que las fiscalías General de la República y General del Estado tendrían que hacer una tarea de investigación conjunta para esclarecer lo que ocurrió durante la celebración de El Grito de Independencia el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, detener a los responsables y llevarlos ante las autoridades jurisdiccionales para que reciban su castigo.

El entonces mandatario perredista encabezaba desde el balcón central de Palacio de Gobierno la ceremonia cívica, cuando se hicieron detonar dos granadas de fragmentación; Una en la Plaza Melchor Ocampo, a un costado de la Catedral de Morelia, y, otra en el cruce de la avenida Francisco I. Madero con la calle Andrés Quintana Roo, con un saldo de ocho víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

En entrevista, el ahora secretario de organización de Morena a nivel nacional celebró lo que hace unos días expresó el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, respecto a que solicitaría a ambas fiscalías que trabajen en el caso para que todo el daño que causaron los responsables no quede impune.

A pregunta expresa, dejó en claro que el gobierno de la República, en aquel entonces encabezado por el michoacano, Felipe Calderón Hinojosa, decidió atraer la investigación, y no le dejó a la Procuraduría General de Justicia del Estado ninguna posibilidad de participar.

Transcurridos once años del que se considera el primer acto terrorista contra civiles ocurrido en México, el castigo a los responsables es todavía una deuda pendiente, señalaron víctimas de los hechos.

La actual Fiscalía General del Estado (FGE), antes Procuraduría General de Justicia del Estado, no tiene injerencia alguna en el caso, según informó a este medio de comunicación, mientras que la delegación de la Fiscalía General de la Republica (FGR), tampoco tiene acceso directo al expediente que, desde hace años, quedó a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En mayo del 2015 fueron exoneradas las cuatro personas arrestadas y únicas sospechosas de ser responsables de haber lanzado las granadas de fragmentación.

El juez federal Emilio Enrique Pedroza ordenó la liberación de los implicados al considerar que se violaron sus derechos humanos, se les fabricaron pruebas y no se respetó el principio de presunción de inocencia, cuando la autoridad difundió videos donde los presuntos responsables hacían una confesión.

El juzgador consideró que las autoridades torturaron a tres de los presuntos autores materiales y que la acusación en su contra se basó en la confesión que ellos mismos dieron producto del maltrato físico. Además, indicó que las confesiones escritas no fueron redactadas por los acusados.

En un intento por volver a aprehender a los supuestos autores materiales, hace menos de dos años, víctimas de los granadazos fueron citadas por la ahora extinta PGR a sus oficinas en Guadalajara, Jalisco, para que se presentaran a declarar en contra de los ya liberados.

Esa es la última diligencia de la autoridad federal, en la entonces administración de Enrique Peña Nieto, que recuerda Cristóbal Méndez Santiz, uno de los afectados, quien no se presentó a declarar con el ánimo de cerrar el ciclo y buscar la manera de adaptarse a una nueva vida, con una discapacidad en el pie izquierdo, pero sin rencores.

(Foto: Cortesía)

“Es no tanto como otorgarles un perdón, pero a final de cuentas no sabemos quiénes nos ocasionaron este daño… no podía ir a declarar contra personas que no sabemos si en realidad fueron, por lo mismo ya no le dimos seguimiento”, refirió.

María Encarnación Dimas López y Arturo Fernández Rivera, también víctimas, piensan distinto. Para ellos sí es necesario que las instancias encargadas de procurar justicia en el país desempolven el expediente y realicen investigaciones a fondo, hasta sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

(Foto: Cortesía)

“Yo no puedo perdonarlos ni decir que así se queden las cosas porque nos destrozaron la vida… seguimos padeciendo, mientras seguramente ellos andan muy quitados de la pena, dañando a más gente”, indicó Encarnación Dimas, quien padece hernias discales, por el susto se le generó diabetes, y tiene en puerta una operación en los riñones, dañados por el consumo de medicamentos.

“A mí sí me gustaría que investiguen a fondo, porque no puede quedar así, mucha gente murió inocentemente, otros compañeros viven con secuelas, en mi caso tengo dolores por las esquirlas que aún tengo en el pecho, en la cintura; los pies de repente se me sueltan”, refirió Arturo Fernández.

CA