Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Filtrar información o material gráfico elemental para resolver investigaciones por imputación de delitos complica los procedimientos de judicialización y favorece la revictimización y no la detención oportuna de los presuntos responsables, afirmó el fiscal general del estado, Adrián López Solís.
En el contexto de violencia con razón de género en Michoacán, donde este año se lleva un registro de casi 170 asesinatos de mujeres, 13 de ellos tipificados como feminicidios y 11 casos judicializados, el fiscal general pide credibilidad en las instituciones para facilitar los procedimientos y castigar a los responsables de hechos delictivos.
Comentó que el desconocer pormenores del nuevo Sistema de Justicia Penal y utilizar las redes sociales como vehículo de difusión inmediata para identificar y detener a los delincuentes resulta contraproducente para las acciones de investigación y persecución de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista con MiMorelia.com, López Solís explicó que la normatividad en la materia se ha modificado en los últimos 12 años y con ello hay nuevas formas de actuar sin vulnerar derechos de los implicados y las víctimas del delito, por lo que es necesario estudiar y conocer el sistema para entender atribuciones, capacidades y acciones de las autoridades.
"La información que se obtiene se documenta y sirve como base para una audiencia inicial y para que el Ministerio Público proceda con la imputación directa al victimario y siga el trabajo correspondiente a los jueces", que es dictaminar la sanción o pena al presunto responsable.
Agregó que es válido despertar el interés social con respecto a la publicación de algún hecho y exigir justicia pronta y expedita; sin embargo, "nos ayuda que esas manifestaciones se hagan en el área de investigación y se cuide la información que se difunde".
Se trata, señaló, de no viciar los datos de prueba en cada proceso penal, además de no exponer a las víctimas directas e indirectas a un público que en ocasiones sólo se presta al morbo, aunque esto no ocurra en la generalidad de los usuarios de redes sociales.
"El (hecho de) que ciudadanos compartan material en redes sociales puede llevar a la confusión y afectar el proceso jurídico de los imputados por delitos. En esta línea de cuidado nos tenemos que conducir bajo los principios constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso", indicó.
Destaco que la tarea de la FGE parte de la denuncia formal o noticia de un hecho considerado delito y se procede con la apertura de la carpeta de investigación, a la que se incorporan los datos de prueba para establecer dónde, cómo, cuándo y por qué ocurrió el suceso, para establecer la responsabilidad a las personas señaladas como posibles responsables de los actos.
Detalló que en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género se atienden casos de niños, niñas y adolescentes agraviados por abuso sexual y violación, así como por lesiones físicas en el entorno familiar, mientras que en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres se atiende violencia en situación de pareja; en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la trata de personas, al igual que en la Fiscalía de Desaparición de Personas y en la de Homicidios en Agravio de la Mujer y Feminicidios.
Por: Aned Ayala/rmr
