Congreso, Michoacán
Se levantaron 88 órdenes de investigación (Foto: Ilustrativa de archivo)

Por: Sayra Casillas/ @SayraCasilla2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 60 investigaciones sobre diversos delitos presuntamente cometidos por servidores públicos inició la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.

Conforme al informe que envió el procurador, José Martín Godoy Castro, al Congreso local, en el sistema tradicional de justicia se resolvieron doce averiguaciones previas relacionadas con delitos contra la procuración y la administración de la justicia, peculado, robo calificado, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, cohecho, y enriquecimiento ilícito e infidelidad en la custodia de documentos.

Indica que de esas doce, ocho están resueltas: cuatro por suspensión, tres por no ejercicio de la acción penal y una fue consignada ante los juzgados correspondientes. Las restantes cuatro están pendientes de resolver.

El documento que habrá de ser turnado a la Comisión de Justicia para que realice en análisis correspondiente, añade que mediante el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal se iniciaron 50 carpetas de investigación, de las cuales se han judicializado ocho, por los delitos de abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, abuso de confianza equiparada, coalición de servidores públicos, cohecho, falsificación de sellos, contraseñas y similares, denegación de la justicia, denegación o retardo de justicia y prevaricación, y discriminación.

Así como por ejercicio ilegal del servicio público, ejercicio indebido, evasión de presos agravado, falsedad ante autoridad, falsificación o alteración y uso indebido de documento equiparado, fraude, intimidación y cohecho, negación del servicio público, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, robo calificado, simulación de documento, tráfico de influencias, y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Detalla que de las carpetas judicializadas, dos se canalizaron al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por los delitos de fraude procedimental en agravio del gobierno del estado y robo calificado en perjuicio del ayuntamiento de Zacapu.

También, cuatro carpetas fueron remitidas por incompetencia a la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales en dos se determinó el archivo temporal; cinco obtuvieron resolución de no ejercicio de la acción penal; y 28 carpetas de investigación están en trámite.

kpmg