Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aspirantes al cargo de fiscal general del estado coincidieron al plantear la necesidad de una institución dedicada exclusivamente a la procuración de justicia y no a la persecución u fabricación de delitos con motivos personales u políticos.
Durante las comparecencias que se desarrollan este martes en el Salón de Recepciones del Congreso local, quedaron de manifiesto propuestas relacionadas a la implementación de tecnología e investigación con personal capacitado y especializado; la generación de datos concretos para medir el nivel de impunidad y la eficacia de la institución; la coordinación con los estados limítrofes y el gobierno federal, así como el monitoreo sobre el avance de las denuncias; y, la reivindicación de las funciones de investigación de los Ministerios Públicos.
Un tema de coincidencia versó en el sentido de no utilizar la Fiscalía General con fines distintos a los que le dieron origen.
"No fabricaremos delitos ni delincuentes", dijo Juan Martínez Oregón, mientras que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, se pronunció por una fiscalía autónoma que aplique la ley sin distingos y con apego al estado de derecho.
"No usarla (Fiscalía) para perseguir políticos, no usarla para perseguir a personas por razones distintas a las estrictamente relacionadas con la justicia, como tampoco para perdonar los delitos de los amigos".
El litigante, Ignacio Mendoza Jiménez, quien fue uno de los implicados en el llamado "michoacanazo", cuando se desempeñaba como subprocurador de Justicia en el gobierno del entonces perredista Leonel Godoy Rangel, manifestó que esas prácticas ya deben erradicarse en el país.
"Me siento con toda la autoridad moral para hablar de eso, yo fui víctima de una acusación infundada, pasé ocho meses de mi vida en prisión, y me sirvió mucho para darme cuenta de la necesidad de que este país tiene que cambiar y que nunca más permitamos que haya una persecución de nadie por motivos políticos, y menos sin que tenga fundamento legal".
Entre otras propuestas, el magistrado Víctor Barragán Benítez habló de dotar a la Fiscalía de una base social, a través de un punto de contacto con las comunidades apartadas.
El exprocurador de Justicia, Miguel García Hurtado, subrayó la pertinencia de consolidar una cultura de la denuncia ciudadana para cerrar la puerta a la impunidad.
Salvador Ceja Barrera, excomisionado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, planteó empoderar a las víctimas de un delito y no soltarlas hasta que se obtenga una sentencia condenatoria para su agresor o agresores.
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