Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). Como parte de las acciones que se impulsan con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de pueblos y comunidades indígenas, el Poder Judicial de Michoacán firmará el próximo viernes 3 de junio, un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Entre los acuerdos del convenio destacan que el INALI contribuirá con traductores bilingües a fin de garantizar que en los asuntos que se desarrollen en los juzgados estatales y, en el momento que se requiera, se encuentren disponibles personas capacitadas para fungir como intérpretes.
Lo anterior, se suma a las actividades institucionales del Consejo del Poder Judicial de Michoacán para fortalecer cada vez más el acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas.
En este sentido, es de señalar la aprobación de los proyectos presentados por el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, ante el pleno del Consejo, en cuanto a la creación del cargo de Traductor Bilingüe en Lenguas Indígenas, para lo cual se emitirá la convocatoria al Primer Concurso de Oposición.
Este proyecto se presentó tomando en cuenta que la Constitución en su artículo 2 fracción VIII, garantiza a los pueblos indígenas el acceso pleno a la jurisdicción, puesto que tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con el conocimiento de su lengua y cultura.
De igual forma, el Consejo aprobó emitir la convocatoria para el Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores Bilingües, el cual derivará en concurso. Ambas convocatorias serán publicadas próximamente.
Cabe apuntar que el Poder Judicial de Michoacán cuenta con dos juzgados comunales en los distritos de Coahuayana y Uruapan, donde los jueces tienen competencia para resolver asuntos del ámbito civil, familiar, mercantil y penal.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces comunales resuelven en única instancia los conflictos que surjan entre personas pertenecientes a esas comunidades, aplicando sus usos, costumbres, tradiciones y prácticas jurídicas cuando haya aceptación expresa de las partes, salvaguardando los derechos fundamentales que establecen las constituciones federal y estatal, así como las leyes que de ellas emanen.
