Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, el titular de la Unidad Regional de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en Lázaro Cárdenas, César Reyes Carbajal, visitó el Congreso local con la finalidad de entregar copia a los 40 integrantes de la LXXIII Legislatura de la testimonial de dos comuneras de Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, que se deslindan de las denuncias y quejas presentadas contra funcionarios del organismo.
En charla con medios de comunicación, el servidor público insistió en la teoría de que los comuneros que lo acusan son utilizados para dañar a la Comisión, y aunque aseguró que no tiene elementos para comprobarlo, deslizó la posibilidad de que el comisionado Salvador Ceja Barrera pudiera estar involucrado en ello, a partir de la denuncia que presentó Selene Vázquez Alatorre en su contra por abandono de sus funciones.
El martes pasado, el abogado Ricardo Martorell Caballero y los comuneros Prudencio Castillo Calderón, José Martín Castillo Mendoza y Miguel Castillo Arreguín entregaron en las oficinas de los asambleístas copia de las denuncias penales y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en las que acusan a funcionarios de la CEEAV de extorsión e indebido ejercicio del servicio público.
Señalan que en su calidad de presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre ha "distorsionado" las funciones del organismo, en tanto que César Reyes los amenazó con enviarlos a la cárcel si continúan las acciones en su contra.
Mientras sostenía algunas carpetas con documentación, Reyes Carbajal insistió en que no ha sido parte de actos de extorsión en contra de comuneros de Chuta, implicados en el delito de invasión de áreas federales, y como prueba de ello presentó las testimoniales escritas que dos de las implicadas dirigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Contraloría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Remarcó que hasta la fecha no ha recibido notificación alguna de la PGJE en relación a la denuncia penal que un grupo de comuneros presentó en su contra, en diciembre del año pasado, por presunta extorsión con un monto de 43 mil pesos.
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