Funcionarios del Ayuntamiento consideraron comprarse carros de lujo pagados por los morelianos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia pensó en beneficiar a sus funcionarios permitiéndoles comprar lujosos vehículos por un costo mucho menor al del mercado. Según documentos oficiales de la administración municipal en poder de este medio, el esquema implicaba que la mayor parte del precio de los automóviles se pagara con los impuestos de los propios morelianos.
El documento "Segunda adenda al contrato No. CA/AD/01/16/2016", del cual este medio tiene copia, indica que, acabado el plazo convenido por el alquiler de 100 vehículos destinados al uso del municipio, el personal del Ayuntamiento podía comprar cualquiera de esos vehículos pagando apenas el valor residual, es decir, aproximadamente una cuarta parte de su valor comercial total.
La cláusula que permitiría recompensar a los funcionarios municipales decía que "una vez transcurrida la vigencia del contrato (…) y siempre que el Ayuntamiento haya cumplido sus obligaciones (…) tendrá derecho a ejercer (…) la compra de los bienes por parte del personal del Ayuntamiento".
De esta manera, cualquier funcionario del Ayuntamiento hubiese podido adquirir vehículos como una camioneta Toyota Sequoia ultraequipada de 8 cilindros, con un valor comercial de aproximadamente 840 mil pesos, por un valor cercano a los 274 mil pesos; o una Chevrolet Silverado de 8 cilindros de casi 528 mil pesos, en un valor de 172 mil pesos.
La cláusula en cuestión –punto 2, vigésimo primera cláusula, segunda adenda– finalmente no fue aprobada, luego de que un funcionario no identificado del Ayuntamiento recomendara eliminarla. Sin embargo, regidores y abogados independientes consultados por este medio aseguran que el hecho de proponer esa cláusula hace evidente que los miembros de la administración municipal de Alfonso Martínez Alcázar analizaron favorecerse de la compra de esos vehículos.
LA HISTORIA
El 23 de marzo de 2016 el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Morelia propuso "renovar 100 unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento que serían sustituidas momentáneamente por 100 nuevas con características iguales o similares".
Cerca de tres semanas después, el 15 de abril de 2016, el Ayuntamiento expidió el contrato CA/AD/01/16/2016, mediante el cual firmaba un contrato de arrendamiento puro con la empresa Grupo Turbofin Sapi de C.V. de la Ciudad de México, con el objeto de alquilar "100 unidades nuevas con características iguales o similares (a las anteriores)".
"El municipio contrató un 'arrendamiento puro', siendo que lo ideal hubiera sido un 'arrendamiento financiero', que es la figura que mejor se adaptaba a las condiciones jurídicas y operativas del municipio", dice a este medio un regidor en ejercicio del Cabildo de Morelia.
La diferencia entre ambos términos, agrega, es fundamental. Un arrendamiento puro consiste en pagar renta por utilizar un vehículo durante un tiempo determinado. El arrendamiento financiero, por su parte, es similar, pero agrega la opción de adquirir el vehículo al finalizar el arriendo.
"Un arrendamiento financiero obliga a especificar al momento del contrato qué instancia o qué personas se quedarán con los vehículos", añade. "En cambio, en la práctica un arrendamiento puro no especifica eso. Esa fue la manera en que los funcionarios pensaron en beneficiarse de la compra de los vehículos, muchos de ellos de lujo".
A simple vista se puede observar ese lujo en las unidades. Entre los 100 nuevos vehículos hay dos Toyota Sequoia con un valor total de 840 mil 400 pesos cada una, destinadas al uso del edil Alfonso Martínez Alcázar y de su esposa, Paola Delgadillo.
El 11 de mayo se agregó un primer anexo que extendía el tiempo del arrendamiento. En definitiva, el Ayuntamiento pagaría por arrendamiento de 100 vehículos un total de 20 millones 942 mil 393 pesos en 2016; 21 millones 916 mil 169 pesos en 2017, y 14 millones 610 mil 793 en 2018.
Y en una fecha indeterminada, un segundo anexo que indicaba que tras el término del arrendamiento se podrían adquirir los vehículos. Es ahí en donde aparece la cláusula que beneficiaría a los funcionarios.
BENEFICIARSE DEL ERARIO
Los documentos oficiales del Ayuntamiento, hechos llegar a este medio por una fuente que en 2016 era parte del Comité de Adquisiciones, confirman que la administración sí pensó en algún momento en otorgar beneficios a sus propios empleados. Sobre esos documentos corresponde precisar que, hasta donde conocen regidores consultados por este medio, la cláusula finalmente no se aprobó. Sin embargo, indican las mismas fuentes, es claro que hubo un intento de aprovecharse de las compras efectuadas con dineros públicos.
El documento Segunda Adenda al Contrato CA/AD/01/16/2016 trae en el punto de la vigésimo primera cláusula la leyenda: "Una vez transcurrida la vigencia del contrato (…) y siempre cuando la arrendataria (el Ayuntamiento) haya cumplido con todas y cada una de sus obligaciones (…) tendrá derecho a (…) la compra de los bienes por parte del personal de la arrendataria mediante el pago de los precios señalados en el anexo A de la presente adenda". A su vez, el anexo A presenta los valores residuales: 274 mil 223 por una Toyota Sequoia de 840 mil 400 pesos; o un total de 172 mil 221 por una Silverado de 527 mil 800 pesos, entre otros.
Según se deduce del documento, algún funcionario indeterminado advirtió que la cláusula estaba fuera de toda lógica y sugirió eliminar completamente la cláusula:
"Esta opción quedó descartada. Eliminar. En su lugar la opción es: continuar rentando el equipo de transporte".
Un par de líneas después la recomendación es la misma:
"Nota: la única opción viable es la compra de las unidades. Sugiero que solo esa se contemple en esta addenda (sic)".
El abogado Ricardo Santillán es categórico: esa cláusula permitiría a los funcionarios adquirir los vehículos por precios mucho menores a su valor real. Santillán explica que un contrato de alquiler de vehículos debe ser muy preciso, y justamente lo que le falta al contrato y al primer anexo es precisión. Finalmente va más allá: para él, se trata de un acto jurídico que pondría en desventaja al Ayuntamiento de Morelia.
"De concretarse una cláusula de esa naturaleza, no sería más que un acto de corrupción debidamente documentado. Esto es así, pues el Ayuntamiento de Morelia pondría a disposición de sus trabajadores la adquisición de cualquiera de esos vehículos al final del contrato de alquiler, pagando el interesado el valor residual que correspondiera según sea el caso", explica.
"Sin embargo", agrega, "el Ayuntamiento no está para andar regalando nada a los ciudadanos, ni menos a sus empleados. Se trata de dinero público que, según entiendo, se invierte con el fin de acrecentar el patrimonio municipal en lo que respecta a su flotilla de automóviles, y contar con una flotilla de vehículos seminuevos al servicio de las siguientes administraciones".
Consultado acerca de si el retiro de esa cláusula libera de culpas a la administración municipal, Santillán asegura que sí, pero agrega que el hecho es que las verdaderas intenciones del personal del Ayuntamiento fueron plasmadas en un contrato.
"Esto no fue una simple casualidad: es ahí lo reprochable a quienes administran el municipio y los recursos de los morelianos", afirma.
Santillán agrega que "la Constitución, una ley, un reglamento, hasta una carta de amor, es el retrato del momento que viven y desean los que participan en su redacción. En este caso, el Contrato de Arrendamiento de 100 automóviles, y sus adendum, son un reflejo real de las intenciones de quienes los elaboraron a nombre del Ayuntamiento de Morelia: lo hicieron pensando en beneficiarse a costa del erario público".
Los vehículos, hasta donde conocen las fuentes consultadas para este reportaje, debieran pasar a ser propiedad del Ayuntamiento una vez terminado el contrato de arrendamiento, programado para agosto de 2018.
NÚMEROS
840 mil pesos cuesta una Toyota Sequoia
274 mil pesos habría pagado un funcionario por ella si se aprobaba la cláusula
EL DATO
La oportunidad de la compra de los bienes por parte del personal de "la arrendataria", mediante el pago de los precios señalados en el Anexo A de la presente adenda, quedó descartada y se pidió eliminar la opción.
