Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron este domingo las recomendaciones que hicieron a la fiscalía mexicana, entre ellas la de “cambiar la narrativa del caso”.

El pasado 29 de abril, el GIEI entregó a la titular de la Procuraduría General de la Replica (PGR), Arely Gómez González una lista de sugerencias para dar continuidad al trabajo de investigación del caso.

En el documento los expertos indican que sus investigaciones han mostrado “numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada ‘verdad histórica’”, la cual fue proclamada por el entonces procurador Jesús Murillo en enero del 2015.

En esta versión, los 43 estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel ‘Guerreros Unidos’, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio de Cocula.

Sin embargo, el GIEI indicó que no había evidencias científicas que confirmaran que los jóvenes fueran quemados en el basurero, conclusión que también secundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboró en la investigación por solicitud de los familiares de los normalistas.

«En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto las motivaciones de los normalistas como el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino» de los estudiantes, indicó el GIEI en sus recomendaciones.

«La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo los que señalan que no puede responderse a esa pregunta y que señalan que se necesitarían nuevos estudios experimentales».

El grupo consideró como necesario «investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales».

Citó como delitos las desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.

«Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar», subrayó el GIEI.

«La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales”.

Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, recomendaron mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares de las víctimas y garantizar su seguridad.

«El Grupo espera que los hallazgos y líneas de investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas, fortalezcan el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad».

El Grupo agradeció «al Estado, a los representantes de las víctimas, a los familiares y a México la posibilidad de haber llevado a cabo su trabajo a pesar de las dificultades».

«Sobre todo, agradece también el apoyo, la atención y el monitoreo continuo de su trabajo por parte de numerosos sectores de la sociedad mexicana e internacional».