Gobierno de Michoacán, el peor administrador del 2017

Gobierno de Michoacán, el peor administrador del 2017

"Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco". Benjamín Franklin (1706 – 1790). Científico y político estadounidense.

Los resultados que arrojó la revisión a la cuenta pública federal del 2017, ratifican que el gobierno de Michoacán se mantiene entre los peores para comprobar el ejercicio del dinero público, y aunque aún tendrá su oportunidad para hacer las aclaraciones pertinentes, resulta penoso y preocupante que gobiernos van y vienen y la entidad acumule constantemente la mayor cantidad de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

En esta ocasión Michoacán ocupa la peor posición nacional que otros años se ganó a pulso Veracruz, pero allá, por lo menos ya se instalaron procedimientos y hay algunas sanciones como las que paga en la cárcel el ex gobernador, Javier Duarte; mientras acá y pese a las constantes observaciones que las Auditorías Superior Federal y la local han hecho a las administraciones encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y la de Fausto Vallejo Figueroa que compartió con Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, es momento que no hay una sola sanción ejemplar, como podría ser algunas decenas de ex funcionarios en la cárcel.

Ahora y pese a que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha insistido en que han puesto especial atención en hacer un adecuado uso del erario, con transparencia, sin endeudarse y sobre todo, sin retomar el lamentable ejercicio de "La Licuadora", ocupan la posición más lamentable del ranking nacional.

A continuación, algunas de las observaciones más graves, donde destaca la contratación de créditos de los que no se informó en tiempo y forma.

  • El monto total observado es de cuatro mil 466 millones de pesos, pero además, se determinaron probables recuperaciones por 10 mil 227 millones de créditos cuyo destino no logró comprobarse.
  • Dicha cantidad representa el 12.5 por ciento de las participaciones y gasto federalizado programable que se destinó al estado ese año.
  • En el documento entregado por el auditor superior, David Colmenares Páramo, se explica que de 38 mil 437 millones de pesos del Gasto Federalizado Programable revisado, se detectaron presuntas irregularidades en tres mil 885 millones, en especial por falta de comprobación de pagos en la nómina del sector educativo, pagos de estímulos que no se encontraban en el contrato colectivo de trabajadores de la universidad michoacana y a trabajadores que no cumplían con el perfil.
  • En el caso de las Participaciones Federales, las observaciones suman 580 millones de pesos, debido a que se incumplió con la norma en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, servicios personales, adquisiciones, arrendamientos, obra pública y deuda pública.
  • En 2017, en la cuenta pública local se registraron tres créditos a corto plazo con banco Interacciones por tres mil 745 millones de pesos, pero al revisar el expediente físico de la deuda se detectó que se contrataron 12 créditos; de acuerdo al órgano fiscalizador, el gobierno estatal no habría entregado la información de nueve créditos por un importe de seis mil 482 millones de pesos.
  • La Auditoría reporta haber detectado diferencias por tres mil 589 millones de pesos en el saldo de la deuda pública a largo plazo, correspondiente a tres créditos de los que no informó monto, además de señalar que el ejecutivo no incluyó el registro de siete créditos contratados a corto plazo ese mismo año por 2 mil 782 millones de pesos.

Si bien es cierto que apenas empieza el proceso para desvanecer las observaciones y la administración de Aureoles Conejo tendrá su oportunidad para demostrar que se trató sólo de errores  de comprobación, resulta lamentable que Michoacán no pueda dejar de ocupar los peores o el peor lugar en cuanto al manejo de los recursos públicos.

Porque no se puede perder de vista que se trata únicamente de una evaluación respecto a la debida comprobación del ejercicio del erario, es decir, no involucra una evaluación respecto a en qué han invertido y gastado, donde seguramente podrían sumarse otras contundentes críticas.

Por lo pronto, Silvano Aureoles y su equipo, en su segundo año de gobierno, colocaron a la entidad en la peor posición nacional en lo que respecta al informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

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