Es difícil comprender y admitir, incluso para los propios vecinos del norte, el sistema electoral para elegir a su presidente, porque el sistema tiene peculiaridades como las siguientes:

  1. La población de Puerto Rico, un estado asociado, no vota en los comicios electorales para elegir al presidente, pero si tiene otros derechos y obligaciones como cualesquiera ciudadanos del «otro lado» (contribuye, por ejemplo, al gasto social).
  2. Un candidato a presidente puede obtener en total más votos ciudadanos que otro, y sin embargo, el candidato con menos votos ciudadanos puede ser ganador de la contienda, si cuenta con más votos electorales.

Los votos aquí llamados ciudadanos, son los votos que cada ciudadano en lo individual emite.

Los votos electorales, corresponden a personas que se eligen por las reglas locales en cada estado de la «Unión Americana» y que integran un Colegio Electoral por cada estado, sin que el número de los integrantes por cada Colegio tenga que ver con la actual densidad de población, la economía, el territorio o la renta de cada Estado (un estado como Alaska, muy grande y rico, por ejemplo, solo cuenta con 3 votos electorales; mientras que Pensilvania, mucho más chico, tiene 20 votos electorales) sino que el número de integrantes por cada Colegio Electoral de cada estado, ya definido normativamente desde hace mucho, tiene raíces en la esclavitud (en forma gruesa, se puede decir que el número de votos electorales de cada uno de los Colegios Electorales de cada estado, son expresión de la proporción de esclavos que existían por cada estado desde el siglo XIX. Véase Alexander Keyssar).

Luego, cada persona que integra cada colegio electoral, tiene un voto electoral y ese voto electoral se expresa en diciembre ante el Presidente del Senado de la República de aquél país, para ser sumados por preferencias de candidato presidencial y eso formaliza al ganador de la presidencia. Quien llega al menos a 270 votos electorales, gana la contienda.

Y cabe decir que la pauta es que cada persona que tiene un voto electoral, lo emite a favor del candidato a presidente que ganó el voto ciudadano o popular del estado de su colegio electoral; así que, por ejemplo, si Biden tuvo más votos ciudadanos en Pensilvania que Trump y Pensilvania tiene 20 votos electorales, Biden se lleva todos los 20 votos electorales (los votos electorales no se dividen en proporción de los votos ciudadanos obtenidos por cada candidato, sino que el ganador se lleva todos los votos electorales. Toma todo).

Una persona que tenga un voto electoral, tiene fuertes incentivos políticos, culturales y normativos para votar de esa manera -a favor del candidato que en su estado sumó más votos ciudadanos-, aunque se han presentado casos en los que una persona del Colegio omite su voto o lo cambia a favor de un candidato diverso al que gano el voto ciudadano en el estado en cuestión, pero no es eso una práctica común.

Un ejemplo que muestra ese funcionamiento de elecciones, es la contienda electoral presidencial de 2016, en la cual Hillary Clinton obtuvo alrededor de 66 millones de votos ciudadanos y Trump tuvo tres millones de votos ciudadanos menos; pero fue Trump quien sumó 304 votos electorales y Clinton solo 227. Trump ganó.

Parece que un sistema electoral tan intrincado, entre otras razones, obedece a la intención de sus creadores de dificultar que la elección fuera fácilmente controlable o dirigible (corruptible), amén del interés económico «esclavista» subyacente en su origen.

Por eso es que es tan difícil de comprender y de aceptar el sistema electoral de los vecinos norteños como un «modelo democrático» y, para más complicación, debe destacarse el peso de la oligarquía económica de ese país sobre la vida política y social en su conjunto.

Incluso, al ser los Estados Unidos de América una potencia mundial «imperial» el juicio democrático sobre su sistema no solo corresponde hacerlo de forma «doméstica» sino con relación a su ser y quehacer respecto de la «tierra» como un todo y con el resto de las naciones humanas, en grupo y en lo singular.

Sin embargo, aunque ese juicio es complicado, el vecino de arriba del «Río Bravo» también ofrece muestras significativas de su talante democrático, al menos en su fuero interno y que sirve de muestra para la reflexión en países como el nuestro.

Una de esas muestras, tiene que ver con las consultas diferenciadas por estado que se hicieron a través de las boletas de votación en este proceso electoral 2020 -y antes en otros procesos electorales-.

Me refiero, en específico, a que casi cada estado de la «Unión Americana» conforme a sus normas, voluntariamente impulsó consultas a su población el mismo día de la reciente elección presidencial, para que el pueblo se expresara mediante el voto sobre temas, medidas o propuestas en diversas materias del interés de cada Estado.

El primer aspecto que se destaca de esas consultas es que tienen su origen en las entidades federativas, no en la federación, y tratan de responder a problemas que interesan a la población de las mismas entidades federativas, no de la federación, pues incluso el impulso de la consulta debe contar con un mínimo de apoyo popular en el estado.

Otro talante de interés de esas consultas, es que no surgen de un momento a otro para introducirse sin más en la jornada electoral para su votación, sino que se proponen con muchos meses de antelación, sobre la base de propuestas específicas, análisis interdisciplinar, se toman en cuenta los argumentos a favor y en contra, y se comunican a la población con anticipación, para que se informe, conozca y comprenda el tema y llegado el día de la consulta, el ciudadano pueda votar a favor o en contra de la propuesta concreta sometida a su consideración.

Eso significa que el procedimiento es público y que el votante emite su voto previa y suficientemente informado.

También es loable que esa consulta es abierta, de modo que en el proceso de discusión previo a la emisión del voto, pueden participar libremente personas físicas o morales del más diverso perfil, incluso, mediante aportaciones necesarias para el impulso de la discusión (donaciones para sufragar gastos de divulgación o promoción de información, noticias, estudios, etc., sobre el tema).

Y algo relevante es que los temas, medidas o problemas objeto de la consulta, son amplísimos, tanto que pareciera que casi cualquier cuestión de interés puede ser objeto de la consulta en un estado.

En vía de muestra, se pueden citar los casos de propuestas aprobadas en la última jornada electoral 2020 y que solo tienen efectos para el estado que la aprobó:

  1. Arizona, con el 60% de los votos a favor: Legalizar la posesión y el uso de marihuana para adultos, de 21 años o más, y permitir a las personas cultivar hasta seis plantas de marihuana en sus residencias.
  2. California, con el 58.6% de los votos a favor: Clasificar a los conductores basados en aplicaciones (Uber, por ejemplo) como contratistas independientes y no como empleados. Esta consulta aprobada ha sido altamente debatida, al restringir los derechos de los conductores que al amparo de una ley previa eran considerados «trabajadores subordinados» en una relación laboral, con los derechos correspondientes.
  3. Colorado, con el 67.6% de los votos a favor: Crea un impuesto sobre los productos de nicotina como los cigarrillos electrónicos, aumenta los impuestos sobre los cigarrillos y el tabaco y dedica los ingresos a programas de salud y educación.
  4. Florida, con el 60.8% de los votos a favor: Aumenta el salario mínimo a $ 10.00 dólares ($206.00 pesos mexicanos) por hora a partir del 30 de septiembre de 2021 y luego lo aumentará anualmente en $ 1.00 por hora hasta que el salario mínimo alcance $ 15.00 por hora en 2026 y luego vuelve a ajustarse anualmente por inflación. (Si en México se aumentara en la misma proporción, un trabajador con salario mínimo percibiría aproximadamente $50,000.00 pesos al mes. Impensable hoy)
  5. Kentucky, con el 63.4% de los votos a favor: Agrega derechos específicos de las víctimas de delitos, conocidos en conjunto como la Ley de Marsy, a la Constitución de Kentucky.
  6. Misisipi, con el 71.4% de los votos a favor: Permite votar sobre una propuesta única para una nueva bandera estatal.
  7. Nevada, con el 62.2% de los votos a favor: Reconoce el matrimonio entre parejas, independientemente del género; establece que las organizaciones religiosas y los clérigos tienen derecho a negarse a solemnizar un matrimonio.
  8. Nuevo México, con el 64.8% de los votos a favor: Emite hasta $ 156,3 millones de dólares en bonos, para realizar mejoras en la educación superior, escuelas especiales y escuelas tribales.
  9. Utah, con el 57. % de los votos a favor: Elimina el lenguaje de género en la Constitución de Utah y lo reemplaza con lenguaje neutral en cuanto al género.
  10. Washington, con el 58.2% de los votos a favor: Proporciona una votación sobre educación integral en salud sexual para todos los estudiantes y requiere que los estudiantes sean excusados si lo solicitan sus padres.

Esas son solo algunas de las propuestas aprobadas, pues existen muchas otras igualmente autorizadas y otras que no fueron aprobadas.

Al examinar las propuestas aprobadas (las aquí comentadas y otras) lo que se puede observar es que, sin que sea una línea de tendencia, se refleja un esfuerzo por la legalización tasada de la marihuana; o bien, que se reconoce el derecho al voto a ciudadanos de 18 años y más, lo cual va a traer consecuencias sobre las minorías poblacionales e inmigrantes; o bien, hay decisiones sobre temas impositivos -aumentar o disminuir tasas o establecer exenciones- y programáticos presupuestales, como asignar recursos a ciertos programas, en los que destacan la salud y educación.

Todo eso, lo que muestra es que en una buena parte, la población del vecino país, con sus contradicciones propias, participa de manera activa no solo en la elección de los gobernantes, sino en el ejercicio del poder y que en ese país, los estados sí viven un federalismo más responsable entre todos.

Eso es lo que da sentido a la frase de Lincoln: «Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».