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Abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia es uno de los preceptos del Plan Nacional de Paz (Foto Facebook: Andres Manuel Lopez Obrador)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia es uno de los preceptos del Plan Nacional de Paz que presentó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a legisladores federales.

El documento expone que la violencia, los asesinatos y la criminalidad en México llegaron a niveles históricos, que posicionan al país entre los países más inseguros del mundo.  Entre los factores que detonaron el auge delictivo se señalan la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud.

 Plantea “indispensable” formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores.

“Hasta ahora, la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo a los llamados delitos violentos y algunas expresiones de criminalidad organizada. Pero ha dejado de lado a los llamados delitos de cuello blanco. La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional”, indica.

En ese contexto, el plan delineado por el futuro gobierno federal plantea las siguientes medidas:

Problema: Corrupción

Propuesta: Tipificar la corrupción como delito grave; establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos; eliminar el fuero; erradicar los paraísos fiscales; monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones; y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición; debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.

Problema: Incidencia delictiva

Propuesta: Reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social, mediante programas de desarrollo y bienestar sectoriales.

Problema: Violaciones a los derechos humanos

Propuesta: Tipificar como delitos, con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos.

Por otro lado, en este mismo apartado, se prevé el impulso, por los medios legales disponibles, “la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica”.

Problema: Resentimiento social, crisis de valores y de convivencia

Propuesta: Regeneración moral y ética, lo que implica ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y deberes para con la colectividad; y, la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.

Problema: Elaboración, tráfico, venta y consumo de drogas

Propuesta: Reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir el trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación; la regulación de los estupefacientes actualmente prohibidos.

Problema: Más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas.

Propuesta: La construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos.

“Es necesario emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores; para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aprobación de las víctimas –sean personas o colectividades– y proponerles un cambio de vida”.

Se añade la puesta en marcha de procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: Plena colaboración con la justicia; Manifestación inequívoca de arrepentimiento, Reparación del daño; y, Perdón otorgado por las víctimas

Problema: Distorsiones en el sistema penal.

Propuesta: Recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados; garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres; dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos; y, garantizar en general el respeto a sus derechos humanos.

Problema: Inseguridad, violencia, e infiltración de grupos criminales

Propuestas: Seguir disponiendo de las fuerzas armadas en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre.

Las instituciones castrenses, deberán participar en la construcción de la paz, principalmente en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual debería asumir a mediano plazo las funciones de preservación de las instalaciones estratégicas y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas.

Conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo Federal para prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional, con la participación de efectivos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal.

A cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley.

La designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad.

En cada una de esas regiones la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión. Las coordinaciones estarán formadas por un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.

El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras.

La prevención será uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública, y para ello se propone la recuperación de espacios públicos.

Se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia policial y criminal. Se creará una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se dará plena operatividad a la Policía Cibernética.

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