Villa Madero, Michoacán (Boletín).- Este viernes se realizó un nuevo operativo en el cerro El Picacho, en este municipio, donde se extrajeron mil 800 plantas de aguacate, se destruyeron tres ollas de agua con una capacidad total de almacenamiento superior a los 20 mil metros cúbicos, y se incautó una retroexcavadora de oruga con la que se perforaban ollas y destruía la cubierta vegetal arrancando los tocones de árboles desde las raíces.
En el lugar de los hechos se descubrió que esta maquinaria es propiedad del ayuntamiento de Villa Madero, también se indagó y se conoció que un director municipal aparentemente renta la maquinaria, ello sin que el presidente sepa de su actuación, por lo que ya se elaboró la respectiva denuncia ante el fiscal estatal para que deslinde responsabilidades.
El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad, y las autoridades municipales son un factor determinante dentro del derecho ambiental, por lo que se van a perseguir todos los casos como este, donde la misma maquinaria de los ayuntamientos podría ser utilizada para cometer delitos ambientales.
En el sitio se corroboró que el responsable de esta huerta hace menos de dos años taló una superficie de 10 hectáreas de bosque de coníferas, para después instalar un plantío de aguacate.
Estas acciones son coordinadas por las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Ambiental: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Procuraduría Ambiental (ProAm), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional forestal (Conafor), Procuraduría General de la República (PGR), XXI Zona Militar y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras.
Es de recordar que el 23 de agosto del año 2016 el congreso del estado aprobó una actualización a la Ley Forestal del Estado de Michoacán, en el artículo 166, fracción III, con lo que ahora faculta a instituciones del ejecutivo del estado a proceder jurídicamente contra quienes cometan delitos ambientales, antes de esta reforma era la Profepa la que hacía las actuaciones, pero sólo ponía a resguardo las huertas o las plantaciones, e iniciaba procedimientos jurídicos que llegaban a tardar años en ser resueltos.
En este artículo queda asentado que cuando se realiza una vista de inspección y se presuma que existe riesgo inminente de daños o deterioro al medio ambiente, o cuando se detecte la flagrancia de un delito ambiental grave, se podrán ordenar medidas de seguridad pertinentes, como la detención de presuntos responsables, el aseguramiento precautorio de bienes y materiales forestales, así como cualquier instrumento o herramienta directamente relacionado con dichas medidas.
jcms
