Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador, Silvano Aureoles Conejo, explicó que la iniciativa que presentó al Congreso local en materia de conectividad, radio comunicación y vigilancia no implica más deuda ni compromete la rectoría de la seguridad en Michoacán.
En el Congreso local se votará el jueves la solicitud que a principios de este mes turnó el Ejecutivo estatal para que se le autorice contratar el servicio de conectividad, monitoreo de seguridad y de radiocomunicación, por mil 740 millones 725 mil pesos, a un plazo de hasta doce años, bajo un esquema de asociación público-privada.
Para cubrir las erogaciones derivadas del contrato, se daría luz verde al gobierno michoacano para que por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración sean afectados hasta en un cien por ciento los ingresos obtenidos por el derecho por holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación, y/o hasta el 30 por ciento de los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.
Al respecto, el mandatario estatal aseguró que, si se autoriza lo anterior, no habrá más deuda pública, además de que no se pondrán en garantía los ingresos del estado.
"Lo que hay es una autorización, no hay deuda; es la propuesta para que se autorice al gobierno a licitar servicios para garantizar la seguridad pública y eso está relacionado con el funcionamiento de patrullas, cámaras, arcos carreteros, mantenimiento a la red de fibra óptica que el C5 funcione adecuadamente", dijo.
Si el Congreso lo aprueba eso es sólo una autorización para que el gobierno licite el paquete de servicios y con ello garantizar que se mantengan las acciones de inversión en infraestructura, tecnología, equipo, instalaciones y demás para las tareas de seguridad", puntualizó.
Respecto a la figura de asociación público-privada que se plantea, Aureoles Conejo señaló que la seguridad es y seguirá siendo responsabilidad del estado: "Nada tiene que ver una cosa con la otra. Es un decreto que autoriza al gobierno a hacer una licitación con todos los mecanismos de transparencia", sostuvo.
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