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Recurrirían a la figura de autonomía de procedimientos, con el argumento de que la autoridad no procedió conforme lo amerita su responsabilidad (Foto: Archivo)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) interpondrá un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito, luego de que los legisladores locales desecharon el dictamen de procedencia del proceso de juicio político contra el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado.

Anticiparon que, por la vía administrativa, recurrirían a la figura de autonomía de procedimientos, contemplada en el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, que implica que pueden correr varios procedimientos de manera simultánea ante el Tribunal de Justicia Administrativa, a nivel penal y/o ante el propio congreso.

El anuncio lo hicieron este martes, en conferencia de prensa celebrada en un hotel ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, donde miembros de la agrupación criticaron la presunta actuación precipitada e informal de los congresistas que evitaron la posibilidad de que las acusaciones del Cemide en contra de López Salgado fueran estudiadas de fondo por la comisión jurisdiccional.

La denuncia la presentó el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) en diciembre del año pasado, por presuntas omisiones en la fiscalización de un crédito por mil 340 millones de pesos contratado en el 2013, y al ser estudiada por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales se votó un dictamen de procedencia del juicio político.

Sin embargo, con los votos en contra de los diputados del PRD, PAN, Juan Pablo Puebla Arévalo de Morena; Daniel Moncada Sánchez, ahora diputado ciudadano; y, las ausencias de los dos legisladores del Partido Verde Ecologista de México y algunos del PRI, dicho dictamen no prosperó.

Precisamente, en el contexto de que el asunto resultó procedente en comisiones unidas, el abogado, José Manuel Lima, dijo que se rompe el principio que establece la ley en el sentido de que un juicio político sólo puede ser desechado cuando sea notoriamente improcedente o el denunciado no sea sujeto de dicho proceso.

Cemide
(Foto: ACG)

“Cuando la mayoría de los diputados vota en contra del dictamen, que incluso fue publicado íntegramente en la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2018, sucede que se genera la obligación para los diputados de justificar por qué lo consideran notoriamente improcedente”, expuso.

A decir de Arturo Herrera Cornejo, miembro del Cemide, fueron “pobres” los argumentos que desde la máxima tribuna del Congreso esgrimieron los diputados para frenar el juicio político.

Más aún, presumió que congresistas pudieron haber “perdonado” al auditor, para que no trascendieran “pecados del pasado”, sobre todo durante el paso de algunos de ellos por administraciones municipales.

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