Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio por el caso del vendedor a quien le fue arrebatada su mercancía en la vía pública por parte del personal de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Morelia; así como por las amenazas hacia periodistas y una diputada.
Ante estos hechos el Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, reprobó ese tipo de actitudes al considerar que vulneran flagrantemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, y más grave aún cuando se trata de grupos en situación de vulnerabilidad.
Externó su preocupación ante el actuar, que consideró arbitrario y déspota, por parte personal del municipio de Morelia, al advertir rasgos dictatoriales en funcionarios de ese Ayuntamiento, cuando son los servidores públicos los primeros obligados a respetar la ley y actuar con respeto irrestricto a la dignidad humana.
De acuerdo a la información periodística el vendedor fue despojado de su mercancía al transitar por la vía pública, pese a que en ese momento no realizaba la venta de sus productos. Una camioneta con inspectores municipales se paró a su costado para, acto seguido, arrebatarle las dos cubetas que llevaba, sin mostrar algún oficio que justificara su proceder.
De acuerdo a la propia información publicada en medios de comunicación el afectado indicó que por necesidad se dedica al comercio. "No hay trabajo para mí y necesito dedicarme al comercio, de esto come mi familia y ahorita ya se perdió todo y no se puede hacer nada porque si voy allá a las oficinas del Ayuntamiento me cobran como 700 u 800 pesos y ni lo que vendí porque ya se lo llevaron todo", publicó el portal Michoacán 3.0.
La CEDH observa con preocupación una flagrante violación a los derechos humanos al aplicar la ley y los reglamentos sin utilizar las formalidades escenciales en todo procedimiento, particularmente en el municipio de Morelia, en donde han sido constantes este tipo de actuaciones; que vulneran los derechos a la legalidad y certeza jurídica.
Este organismo advierte la aplicación irrestricta y tajante de la ley, pero solo hacia los grupos más desprotegidos. Por estos hechos se solicitará el informe a la autoridad correspondiente para investigar el proceder de los servidores públicos.
