Por: Antonio Aguilera/@gaaelico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de ser ya un principio, la equidad electoral es aún un proyecto que no se puede realizar a cabalidad, toda vez que la posibilidad para que las mujeres compitan por espacios públicos en candidaturas ganadoras dependen exclusivamente de los partidos políticos que las postulen, reconocieron especialistas en la materia.
Para Elvia Higuera, consejera electoral e integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, existen avances tangibles para la participación directa de las mujeres en la disputa de espacios de poder, sin embargo, los partidos políticos todavía son reacios a la hora de asignar dichas candidaturas en distritos y municipios ganables, ya que estos son reservados para candidatos hombres.
Enfatizó que en el Instituto Electoral del Estado se presentó un proyecto para la asignación de candidaturas para mujeres en base a la dispuesto por las leyes, esto a fin de garantizar que las candidatas se registren en distritos y municipios en igualdad de condiciones de competitividad con los varones, empero, los representantes de los partidos políticos han rechazado en varias ocasiones el proyecto y se ha tenido que sacar del orden del día de las sesiones del IEM.
Indicó que no basta con que se logre una paridad a la hora de designar a mujeres para las candidaturas, sino que se debe priorizar que ellas también encabecen las fórmulas en los distritos ganables por sus partidos.
"En el 2015 se aplicó la paridad electoral, pero de 112 alcaldes sólo 4 son mujeres; en las diputaciones sí contamos más con mujeres, pero se logró la equidad gracias a las candidaturas plurinominales. Para 2018 buscamos que las mujeres y los nombres encabecen fórmulas para municipios y distritos de forma equitativa e igualitaria, pero sigue habiendo oposición de los partidos políticos", al preguntarle cuáles partidos, optó por no exponer los nombres de los institutos políticos.
Una de las principales novedades del actual proceso electoral es la paridad de género. Fue uno de los anuncios rimbombantes de la última reforma electoral. Es más, la paridad de género procedió a propuesta de la presidencia, es decir, de Enrique Peña Nieto, a solicitud de diversos grupos y colectivos de mujeres. Sin embargo, en muchas entidades la igualdad de oportunidades políticas para las mujeres ha sido muy limitada.
Rumbo al proceso electoral del 2018, predomina en los partidos políticos la vieja lógica de cuotas, clientelismos y hasta chantaje. Las mujeres frente a un legítimo derecho, no han logrado librar los impedimentos que le ponen los hombres para su libre y plena participación política, por lo que en las elecciones de próximo año podrían verse menguadas las nominadas como candidatas a presidentas municipales, al persistir la discriminación contra ellas en muchos de los partidos.
En la última reforma electoral, en el artículo 41 constitucional se incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Por tanto, cada uno de los partidos políticos deberá integrar las listas de sus candidaturas a legisladores locales y federales, tanto de mayoría como de representación proporcional, de manera paritaria, es decir, con 50 por ciento de candidaturas de mujeres y 50 de hombres.
Si bien dicho artículo no refiere de manera explícita la paridad en ayuntamientos, existen diversas resoluciones respecto de los derechos humanos que mandatan la presencia de las mujeres en las candidaturas para las presidencias municipales.
Esto es fundamental porque ahí reside el mayor déficit de representación femenina. En los últimos 20 años se ha pasado de 4.5 a 6.8 por ciento de presidentas municipales.
Para Tzitziki Peña, activista en pro de los derechos de las mujeres, mucha de la responsabilidad ante las limitaciones de la participación de las mujeres en política, son las mismas mujeres que aceptan formar parte de partidos políticos controlados por patriarcados y hasta por facciones políticas dirigidas por círculos cerrados de varones.
Recalcó que ella optó por no participar en el Observatorio de Participación Política, toda vez que se trata de un órgano legitimador de los acuerdos a los que lleguen los partidos políticos y no los ciudadanos.
Indicó que en no pocas ocasiones manifestó su preocupación por la prevalencia de vicios y propensiones tradicionalistas en los partidos políticos que impide el ejercicio pleno de las mujeres en sus derechos político-electorales de cara a los comicios del 2018, sin embargo, reiteró que son las propias mujeres las que transigen con las exigencias de los partidos a los que pertenecen.
"No existe una sola mujer que sea líder de uno de los partidos políticos en Michoacán, por ello ningún partido defenderá auténticamente los derechos políticos de las mujeres", enfatizó.
En este momento, hay muchas entidades donde no se reconoce la paridad de género horizontal y se aplica la vertical, es decir la sumatoria final, como en Michoacán, Tabasco, Jalisco y el estado de México, entre otras. Los tribunales electorales no han actuado con criterios homogéneos y sus resoluciones han sido dispares. Mientras han dado su fallo a favor de la paridad integral como en Baja California Sur, Morelos y Querétaro, en el Estado de México la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Toluca resolvió no entrar en materia y desechó la impugnación a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2014-2015, por "falta de interés jurídico", es decir, se lavó las manos y no entró al fondo del asunto.
La lucha por los derechos de la participación políticas de las mujeres surgió en octubre de 1953 cuando les fue reconocido el derecho de votar y ser votadas.
En las últimas décadas México ha añadido normas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, destinadas a acrecentar el derecho de las mujeres a competir en los procesos electorales.
En 1996 el entonces Cofipe exhortaba a los partidos políticos a promover una mayor participación de las mujeres.
La reforma electoral de 2002 determinó un proceso de cuotas que obligaba a los partidos a una proporción 30-70 por ciento de candidaturas para hombres y mujeres. Luego, en 2008, se decreta un mayor porcentaje de candidaturas, de 40-60, hasta llegar a la reforma más reciente, que establece una paridad absoluta.
jcms
