A lo largo de los años, los medios de comunicación han documentado las exorbitantes percepciones de jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de las salas del Tribunal Electoral, consejeros y ministros, todos del Poder Judicial de la Federación, llamando la atención sobre lo desmesurado que resultan frente a la situación económica de la mayoría de los habitantes del país.

Esos mismos medios, han comunicado cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha defendido las percepciones actuales de los altos funcionarios judiciales federales, incluso ante el Presidente de la República, asociando la idea de la independencia judicial.

También todos los medios de comunicación, han trasladado la noticia de que a la fecha jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de las salas del Tribunal Electoral, consejeros, ministros, todos del Poder Judicial de la Federación, han promovido miles de amparos y recursos diversos que tienen como objeto final defender sus altas percepciones (y de su derecho).

Incluso, esos mismos medios de comunicación, han dicho que servidores públicos de rangos menores del Poder Judicial Federal, han promovido sus propios recursos para defender sus percepciones.

Esos funcionarios de menor rango (también han informado los medios de comunicación) una vez sí y otra vez también, han ingresado en muchas ocasiones al Poder Judicial Federal por ser amigos y familiares de jueces y magistrados, esto es, por nepotismo de aquellos que tienen la facultad de decidir su nombramiento.

Todo lo anterior, no es dicho de quien escribe, es una compilación de noticias y opinión pública que forma un marco de cuestionamientos que se han dirigido al Poder Judicial Federal año con año y a lo cual hay que agregar que en muchas encuestas también publicadas por instituciones públicas y de educación superior, se expone que la población no tiene confianza en sus jueces, comunes o federales.

En ese marco, los artículos 75 y 127 de la Constitución Nacional prevén que todo servidor público, cualquiera que sea su adscripción, no debe gozar de percepciones superiores (percepción son las dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra estimable en efectivo o en especie) a las del Presidente de la República, entre otras reglas restrictivas de dichas percepciones.

Para reglamentar esas disposiciones constitucionales, la legislatura en ejercicio del Congreso de la Unión, compuesta mayoritariamente por legisladores provenientes de MORENA, han aprobado y por su orden publicado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La afectación de las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de las salas del Tribunal Electoral, consejeros y ministros) entre otros empleados púbicos, es inminente y con ello el perjuicio a su “estilo de vida”, por lo cual es explicable, no justificable, la furibunda reacción de los empleados del Poder Judicial Federal (de casi todos, pues hay algunos que reconocen como desproporcionadas las percepciones de las cuales gozan)
Los jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de las salas del Tribunal Electoral, consejeros y ministros, todos del Poder Judicial de la Federación, no están “descobijados”, pues tienen de su lado, disposiciones constitucionales como el artículo 94 que determinan que “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”

Se tienen así, diversas disposiciones de la Constitución Nacional que parecen encontradas, unas que hablan de una tasa máxima de percepciones, conforme a las cuales se rebajarían los ingresos; y otras disposiciones que hacen “intocables” las percepciones de los jueces federales y también locales.

Los amparos y recursos que han promovido jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de las salas del Tribunal Electoral, consejeros, ministros y demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, son conocidos, tramitados y serán resueltos por sus mismos pares o conocidos, esto es, por los propios jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros del Poder Judicial Federal, lo cual trae a cuento un problema sobre su capacidad subjetiva para resolver esos conflictos, pues es notorio que los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros guardan interés en los propios conflictos remuneratorios que les afectan y que ellos mismos están llamados a tramitar y resolver, amén de que tampoco hay procedimientos especiales que garanticen la independencia para estos casos en los cuales el Poder Judicial Federa se resuelve a sí mismo en asuntos de su interés.

Por esa razón, es de esperar que los jueces del Poder Judicial Federal, en los amparos y recursos promovidos contra las normas y actos que atentan de forma inminente contra sus percepciones, sentencien a su mismo favor, conservando sus cuestionadas percepciones bajo el “argumentado” de que sus percepciones están protegidas por la Constitución (no disminución) que es parte de un derecho a una independencia judicial, incluso como un derecho humano, garantizado por las mismas percepciones (aquí seguramente traerán como apoyo diversos tratados internacionales) que sus derechos son ganados y no pueden ser objeto de regresión (cánones constitucionales de interpretación del artículo 1º de la Constitución Nacional) entre otros muchos “razonamientos”.

Los jueces, magistrados y ministros federales, como muchos de los servidores públicos del Poder Judicial Federal, sin embargo, deberían de tomar en cuenta que los contextos factuales como normativos han mutado, y sobre todo, que están de verdad expuestos a la opinión pública, también en un sentido ético.

Un buen juez de distrito, un buen magistrado de circuito, un buen ministro, no requiere para ser independiente, no necesita para hacer bien su trabajo, para estudiar, de las altas y desmesuradas percepciones de las cuales ahora gozan, y la gran mayoría lo saben bien, porque la gran mayoría comenzó en los tribunales comunes con salarios muy modestos, como modestos son la gran mayoría de los salarios de los actuarios, secretarios, jueces y algunos magistrados de los poderes judiciales comunes y sin embargo, la gran mayoría de esos servidores públicos judiciales locales hacen bien su trabajo.

No parece que salarios bajos, por tanto, vayan a fomentar la corrupción o un mal desempeño con personas menos preparadas; el mal desempeño, la parcialidad, la venta de la justicia, más bien se origina en la ausencia de valores éticos y estos no mejoran con dinero.

Del lado político, parece que al gobierno electo le queda o tolerar esas altas percepciones, o proponer modificaciones constitucionales que de forma indirecta lleven a una moderación y/o congelar la percepciones del Poder Judicial Federal, al menos por este casi sexenio, mientras que al Poder Judicial Federal, en ese caso, solo le quedaría esperar el fin de este gobierno, con la esperanza de un nuevo gobierno, más acorde con sus percepciones.

La pregunta final es para la gente, para esos millones de personas de ingresos nimios que contribuyen a nuestro país con el pago de sus impuestos y envío de remesas del exterior ¿Cuál es su opinión frente a las altas percepciones de los jueces, magistrados, ministros y otros empleados del Poder Judicial Federal? ¿Son necesarias para una justicia como la que se tiene hoy día?

AC