Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por considerar que hay elementos para presumir la constitución del probable delito de ataques al honor, un juez vinculó a proceso a Circe López Riofrío, titular de la agrupación civil Humanas Sin Violencia
Aunque el asesor victimal solicitó a la autoridad jurisdiccional que prohibiera a la solicitante de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer la posibilidad de convivir o comunicarse con la supuesta víctima, así como con los testigos, ello no fue concedido, toda vez que no se acreditó riesgo o peligro para los mismos.
La audiencia preliminar se desarrolló esta mañana en la sala de oralidad número siete que se ubica en el edificio aledaño al Palacio de Justicia, en esta ciudad capital.
La imputación contra López Riofrío, quien el año pasado recibió del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, la presea Eréndira por el trabajo que ha desempeñado en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, la presentó la fiscalía regional de Morelia, a partir de la denuncia que presentó en su contra Boris G. C.
Lo anterior, al considerar que su honor y su reputación fueron afectadas, luego de que en una reunión convocada el 22 de enero de 2015 por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Circe López, informó que le haría llegar a la Secretaría Técnica dos quejas por supuesto acoso sexual en contra de Boris.
En ese momento, el aludido formaba parte del grupo de trabajo con la representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y, la titular de Humanas Sin Violencia puso de manifiesto las dificultades que se pudieran generar por el hecho de que una persona señalada por acoso sexual investigara la violencia de género contra las mujeres en Michoacán.
Según se puso de manifiesto en el desahogo de la reunión, después de lo anterior el licenciado en psicología, ex servidor público y colaborador en temas de defensa de los derechos de las mujeres, renunció al grupo de trabajo conformado para investigar la situación de violencia en la entidad.
Circe López se reservó el derecho a declarar y solicitó que en la audiencia preliminar de este día se resolviera su vinculación o no a proceso.
Uno de los elementos que presentó la fiscalía fue un dictamen elaborado por un perito de la PGJE, en el que se señala que derivado de la información que hizo pública al activista social sobre las denuncias en su contra (una presentada Grecia R. B. ante la autoridad universitaria y otra anónima), Boris G. C. presenta daño psicológico, mismo que se manifiesta a través del enojo, zozobra, frustración, alteración del sueño, y, falta de apetito.
Durante su exposición, la abogada defensora, trató de poner de manifiesto que López Riofrío no actuó con dolo para dañar la reputación del aludido, sino que como solicitante de la Alerta de Violencia de Género hizo ejercicio de su derecho de transmitir la información que se le había hecho llegar, firmada por 15 personas.
En repetidas ocasiones la litigante ponderó la pertinencia de que se tutele el derecho a la libertad de expresión, y, que no se fincara un precedente de ley mordaza, es decir que se castigue a una persona por informar sobre presuntos hechos constitutivos de un delito o una falta.
Después de escuchar las intervenciones de ambas partes, el juez manifestó que ambas partes divagaron del tema central que fue la imputación por daño al honor e infructuosamente debatieron sobre la veracidad o no de la denuncia sobre acoso sexual, que no era materia del caso.
Balconeó que la defensa evidenció desconocimiento sobre el procedimiento, al querer producir evidencias (declaración de testigos ante el juez) en la audiencia preliminar, de manera que recomendó a Circe valorar la posibilidad de cambiar abogado.
Subrayó que alguien esté involucrado en la defensa de los derechos humanos no tiene la atribución de vulnerar un derecho fundamental como lo es la dignidad humana.
Añadió que el camino "correcto" hubiera sido que la información se hiciera llegar a la secretaría técnica, sin darla a conocer al grupo de personas que se encontraban reunidas ese 22 de enero de 2015 en un hotel ubicado frente a Catedral.
Por tanto, al advertir presuntos hechos constitutivos de daño al honor la autoridad jurisdiccional resolvió vincularla a proceso, y, a petición de la fiscalía y del asesor victimal, en común acuerdo con la imputada, decretó un periodo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria y se recaben otros elementos de prueba.
Antes de dar por concluida la audiencia, el juez invitó a las partes involucradas para que consideren una solución alterna al conflicto, y eviten llegar a juicio.
En entrevista posterior, Circe López indicó que valorará el exhorto que les hizo el juez con su equipo de abogados.
Opinó que la determinación de vinculación a proceso deja un precedente de "ley mordaza" contra los activistas sociales al momento en que hacen público un presunto delito.
CA
