Las reformas constitucionales de 2008 y de 2011 establecen un nuevo paradigma en cuanto a la protección de los derechos humanos. Asimismo, dichas reformas traen consigo una enorme responsabilidad para las instituciones del Estado, pero en especial para los operadores, quienes deberán estar a la altura de los nuevos desafíos que traen consigo estas reformas constitucionales.

En el año 2018, cuando se da la transición de un sistema de corte inquisitivo-mixto a uno de corte acusatorio-adversarial, lo que se conoce como reforma de los juicios orales (la oralidad no fue el gran cambio, pues solamente es un principio rigente), en el sistema anglosajón se establece un precedente en cuanto a la protección de los derechos humanos (derechos y libertad), ya que hasta antes de la consolidación de esta reforma se cometían severas atrocidades en cuanto a la violación de los derechos humanos de aquellas personas que se presumía su responsabilidad de haber cometido un ilícito, antes de la confirmación de responsabilidad.

El modelo de justicia penal acusatorio es una reforma ambiciosa, ya que, lamentablemente, a 11 años de su publicación no se han podido obtener los resultados esperados. Eso ha ocasionado un enorme descontento de la sociedad y, por otro lado, ha generado preocupación hacia el sector académico, ONG, comisiones de Derechos Humanos, etcétera, pues se siguen cometiendo severas violaciones a derechos humanos por parte de los operadores de los sistemas de justicia en México (policías, ministerios públicos y jueces), ya que estos problemas se deben a la falta de capacitación de los operadores; en ocasiones, estos operadores deben poner de su bolso para cumplir con estas capacitaciones.

La reforma en cita sirve como un marco de referencia para ejemplificar que las comisiones de Derechos Humanos juegan un papel indispensable para proteger, prevenir y difundir el respeto de los derechos humanos, en materia penal; así como también en diversas áreas del Derecho. Pues cabe señalar que este no tan nuevo sistema de justicia acusatorio-adversarial se debe regir bajo el estricto apego y respeto a los derechos humanos, pero podemos observar que en la actualidad se siguen cometiendo severas violaciones a derechos humanos. Por ello es indispensable que se den constantes capacitaciones en cuanto al respeto de los derechos humanos a los operadores del nuevo modelo de justicia.

A la sociedad mexicana se le ha dañado bastante, por ello es que ha dejado de confiar en las instituciones del Estado, ya que piensan que al acudir a ellas, cuando su esfera jurídica ha sido vulnerada, es una pérdida de tiempo, ya que no obtendrán solución alguna a su problema; además del trato irrespetuoso y déspota que reciben de los operadores.

El Estado debe emplear medidas para que la sociedad vuelva a creer en sus instituciones y tenga credibilidad hacia ellas; por ello debe implementar planes de acción que busquen esa capacitación constante de los operadores, independientemente de la institución a la que pertenezcan. En especial hay que darles seguimiento a las instituciones donde se cometen más violaciones a derechos humanos, en especial a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Como se mencionó en un principio, dichos órganos son los encargados de que el sistema de justicia acusatorio-adversarial funcione de la mejor manera, y que protejan los derechos humanos.

Ahora bien, en Michoacán las cosas no están del todo bien; basta señalar que –como a nivel nacional– las violaciones a derechos humanos que más se comenten giran en torno a los cuerpos policiacos. El uso de la fuerza pública es el principal fenómeno que se presume violatorio de manera reiterativa de los derechos humanos; por ello, en el informe de 2018, emitido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán recibió un total de 389 quejas tan sólo en este asunto. Por otro lado, existieron 312 quejas por detención ilegal. La lista sigue y sigue, pero no se trata de exhibir la actuación del Estado, sino de hacerle saber que debe emplear las medidas necesarias para buscar, combatir y erradicar esta problemática de violación a los derechos humanos.

En Michoacán las cosas deben cambiar, porque los michoacanos queremos crecer; por ello, la Comisión de Derechos Humanos del estado debe tomar la iniciativa, alzar la mano y empezar a actuar por cuenta propia de la manera más autónoma posible y ofrecerles a las instituciones capacitaciones constantes en el tema de la difusión y fortalecimiento de los derechos humanos, para sensibilizar a los operadores que se conduzcan con apego al marco jurídico. Por ello, se deben crear espacios para que estas capacitaciones sean una realidad y se pueda cambiar ese chip mental de algunos operadores de diversas instancias del Estado.

Cabe enfatizar que la Comisión no podrá por sí sola, si es que no cuenta con el respaldo del Estado, Poder Ejecutivo y Legislativo; así como con el apoyo de la sociedad civil, las ONG y los titulares de cada institución.

De nada sirve que se consoliden reformas constitucionales de gran relevancia a nivel federal o estatal si no se capacita al personal de dichas instituciones. Las reformas seguirán siendo letra muerta, los operadores seguirán haciendo de las suyas y, por consiguiente, la sociedad seguirá estando en un estado de vulnerabilidad frente al Estado. Pero para que esto funcione se deberá dar esa cooperación, colaboración, compromiso y sensibilización del Estado y de las instituciones y órganos descentralizados y autónomas, para que la Comisión de los Derechos Humanos brinde sus servicios en pro de los derechos de los gobernados.

El futuro ombudsperson de Michoacán deberá reunir diversas capacidades y cualidades, además de contar con la autonomía suficiente, para llevar a buen puerto la protección de los derechos humanos de los michoacanos.