Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La defensa jurídica de José Manuel Mireles Valverde, anticipó que presentará una denuncia penal en contra de la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Bertha Paredes Garduño, y demás funcionarios implicados, por presunto abuso de autoridad y delitos contra la procuración de justicia.
Lo anterior, debido a que presuntamente presionó al juez quinto de distrito, Rubén Olvera Arreola, para que dictara sentencia en contra del fundador de grupos de autodefensa en el 2013 por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En conferencia de prensa celebrada esta mañana, el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, presentó el documento por medio del cual se inhibe el juez Olvera Arreola del conocimiento del caso, por presiones de la PGR.
En ese contexto, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que salga en defensa de su juez y de la autonomía que debe tener un juzgador.
A su vez, el diputado por Movimiento Ciudadano (MC) pidió al procurador de justicia que deje de utilizar a la institución como un mecanismo de persecución política.
Inviable, nueva imputación contra Mireles.
Tanto Mendoza Jiménez como Moncada Sánchez insistieron que es inviable la nueva imputación que se le pretende hacer a Mireles por el delito de sedición, ya que no se configuran los escenarios establecidos en el Código Penal Federal.
El artículo 130 de dicho Código tipifica el delito de sedición, y señala: "se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones".
Ello, con las finalidades de "abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio y/o separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la federación y los estados.
La legislación puntualiza que a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.
La PGR abrió una carpeta de investigación a partir del llamado "urgente" que hizo Mireles el pasado 11 de julio, a los grupos de autodefensas de la Sierra Costa michoacana, de la Sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios a que acudieran a apoyar a la gente de Tepalcatepec, donde se realizaba un operativo federal.
Mendoza Jiménez planteó que la PGR busca "sorprender" a las autoridades jurisdiccionales, con el argumento de que lo acontecido ese día fue consecuencia del llamado de Mireles.
Ambos instaron a las autoridades de la PGR para que se desistan de la audiencia inicial a la que está citado Mireles la próxima semana, para que se haga del conocimiento de un juez de control, el delito que se le imputa por sedición.
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