La democracia en los poderes judiciales del país (En el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales y a los que me refiero en común en lo que sigue como poder judicial, salvo aclaración) es una tarea en gran parte pendiente, aún reconociendo algunos avances.

Con al ánimo de precisar el tema, ofrezco una noción de lo que considero como democracia interna de los poderes judiciales y la entiendo como una forma de gobierno judicial que tiene por objeto conocer y resolver de los problemas que atañen a la vida doméstica del mismo poder judicial; al derecho de darse sus normas; al derecho de los servidores públicos judiciales de ser nombrados en un cargo público judicial; al derecho de participar en la designación, permanencia y remoción de esos cargos; al derecho a un sistema de justicia interno que garantice el procesamiento y la resolución de los conflictos de una categoría de servidores públicos judiciales o de un servidor público judicial como tal, con apego a los derechos humanos; al derecho de incidir en la gestión y el manejo adecuado del presupuesto judicial; al derecho del servidor público judicial de acceder a la información pública judicial; al derecho a la educación judicial; al derecho a que se desarrollen en el ámbito judicial y en la mayor medida posible, los derechos humanos, en especial, pero no solamente, aquellos de igualdad de género y equidad de las personas que pertenecen a grupos en situación vulnerable.

Las normas jurídicas que gobiernan la vida interna del poder judicial, han construido un marco que brinda una respuesta que solo en el papel se antoja razonable, aunque en poca medida, para su democracia interna; pero esa misma normativa padece de incorrecciones puntuales, de omisiones y de una aplicación muchas veces tendenciosa, mostrando, además, que en las esferas de poder del poder judicial también se ejercen facultades meta normativas.

En el poder judicial, por el contexto viciado en el que vivimos, parece de lo más natural, sin serlo, por ejemplo, que el Presidente de la Corte, del Tribunal Superior o del Consejo de la Judicatura (o los integrantes de dicho Consejo) del poder judicial (cualquiera) nombren y remuevan a los servidores públicos judiciales y judiciales administrativos casi a su antojo, sin tomar en cuenta muchas veces los perfiles, ni las capacidades, ni los desempeños; que se decida caprichosamente sobre la adscripción y re-adscripción de servidores públicos judiciales de todo nivel; que se otorgue el beneficio de escalamiento de categorías de puesto a ciertas y determinadas personas sin razón; que ciertos procedimientos de responsabilidad sin mayor fundamento, terminen en sanciones a servidores judiciales o que aquellos procedimientos con fundamento concluyan sin declarar responsables; que una persona acusada por acoso laboral y/o sexual, solo sea cambiada de circunscripción judicial para “remediar” el problema; que un servidor público judicial o un conjunto de servidores públicos judiciales, sean los regulares beneficiarios de becas educativas en desmedro de otros; que el presupuesto público judicial se maneje a contento de una persona o grupo de personas, sin planeación consultada ninguna y así se puede seguir con una larga lista de casos reprobables.

Quien lea esto y conozca la vida del poder judicial, Federal o cualquier otro local (para el caso es lo mismo) sabe perfectamente que los ejemplos listados como no democráticos son solo una pequeña muestra ordinaria de los muchos que se suceden al interior del mismo poder judicial; pero de los que casi nadie habla, por temor a las consecuencias que pueden seguir a una crítica, por más respetuosa, razonable y justificada que sea, y por más que esos casos y el mismo temor de los trabajadores judiciales revelen lo anodino de la democracia “en” el poder judicial (en todos los poderes judiciales).

Los otros poderes públicos distintos al judicial, deberían observar todo lo dicho y el poder judicial haría muy bien en mirarse al ombligo, para impulsar las medidas normativas y de política pública que desarrollen en una mayor y mejor medida la democracia interna del poder judicial.

Y al hacerlo, deberían considerar que la democracia interna del poder judicial, está ligada con otros fenómenos exógenos, como la amplísima facultad del Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados, para proponer ante las legislaturas, a las personas que han de ocupar los cargos de ministros y magistrados; o bien, mirar el inaceptable poder del Ejecutivo-Legislativo sobre el presupuesto judicial (que debe ser razonable) por solo señalar dos casos.

Finalmente, todos deberían de tener en cuenta que la democracia interna del poder judicial y la democracia externa a él, constituyen factores relevantes de la democracia en general, sobre todo si se reflexiona que los tribunales superiores de justicia y los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en muchos conflictos económicos, políticos y sociales, dicen la última palabra.

Para el anecdotario, solo cabe recordar que ya Franz Kafka criticaba esta ausencia de la democracia en el poder judicial, con una imagen que también hoy vale a modo de ejemplo: En cada oficina judicial, se encontraba la pintura del juez o de los jueces (jueces, magistrados o ministros) como un testimonio de la egolatría autoritaria judicial que hoy seguimos padeciendo con muchos ministros, magistrados, jueces y algunos servidores públicos administrativos (no todos por fortuna, pues hay jueces en general y servidores públicos judiciales correctos) que de forma pre-potente, creen tener en sus manos la balanza infalible del conocimiento, de la verdad y de la justicia, y así como los jueces kafkianos que gustaban de ser pintados, los hoy jueces gustan de posar en imágenes “justicieras” para la posteridad que se difunden por varios medios, cual salomones de formato corto.