Como se ha informado por la Secretaría de Salud federal, de forma general en el país, la epidemia viral provocada por el virus SARS-CoV-2, por lo que hace al número de personas detectadas con el propio virus, tiene cuatro semanas con una tendencia decreciente, esto es, que el número de contagios detectados en cada una de las últimas cuatro semanas no han crecido con relación a la semana de referencia anterior, sino que han disminuido.

También se debe observar que la tasa de mortalidad semanal tiene un comportamiento decreciente y se ubica entre el 10% y el 11%.

Pero, si bien la epidemia tiene una tendencia decreciente, esto mismo significa que la epidemia persiste, solo que, por ahora, ya alcanzó el pico de casos y los nuevos casos semanales son menos.

Casi 640 mil casos acumulados y 68 mil personas fallecidas después es que estadísticamente se puede considerar que la epidemia está cediendo, sin que ello signifique que está plenamente controlada o que vaya a desaparecer en el corto plazo.

Cada uno de esos casos detectados y cada una de las personas que ahora faltan, sin embargo, no son números, son o fueron personas con nombre y apellido, son o eran padres, hijos, hermanos y amigos.

La enfermedad viral a esas mismas personas les ha impuesto daños y pérdidas, a veces irreparables, de maneras muy diversas.

La sola sospecha de padecer la enfermedad Covid-19, es ya un martirio, pues a partir de esa sospecha, una persona se somete a la prueba PCR y espera recluido a lo largo de varios días los resultados diagnósticos de laboratorio (no conclusivos, pues la prueba PCR carece de una eficacia del 100% y puede haber falsos positivos o falsos negativos) y luego, si resulta positivo, el temor y la angustia es mayor, desesperante, porque nadie, por anticipado, sabe el derrotero de la enfermedad y todo esto sucede en comunicación con los seres queridos.

Los costos económicos que recaen sobre las personas sospechosas o positivas confirmadas de padecer la enfermedad o sus parientes, son significativos, por lo que tienen que erogar de forma efectiva por su tratamiento médico y por el impedimento de laborar; pero los costos emocionales, son igual o más traumáticos.

Aunque se puede debatir sobre la culpa ética en torno a las personas que facilitaron, catalizaron o crearon condiciones propicias, por acción culposa u omisión, para que una persona se infectara o no y luego, en su caso, tuviera un resultado fatal por la enfermedad Covid-19, lo mejor es ubicarse en el terreno de la responsabilidad, porque lo que sí merecen esas personas infectadas, las que nos faltan y los deudos, es una satisfacción de resolver quién debe responder por esos daños sufridos o reconocer a las personas lo bien hecho.

Aunque una alternativa es promover las acciones judiciales y administrativas concretas, según el caso; parece correcto que en nuestro país se forme un grupo -comisión, comité o bajo otra denominación- independiente y de expertos que -como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud para el mundo- de forma autónoma analice específicamente nuestro caso, bajo la definición de un protocolo, recogida de información, retroalimentación y deliberación entre los interesados, para que se emitan conclusiones y recomendaciones en un plazo determinado.

El informe que hipotéticamente se elaborara por ese grupo independiente de expertos sobre la gestión de la epidemia en nuestro país, permitiría reconocer el buen hacer y los yerros en que se incurrieron, con el fin último de aprender, mejorar y corregir para el futuro, pues, aunque de ese informe se derivaran como externalidades responsabilidades de otro tipo, lo más importante es estar mejor preparados para las epidemias virales o bacteriales que seguramente vendrán.

¿Quién puede impulsar la formación de ese grupo independiente? Quien puede iniciar el proceso, son las grandes instituciones de educación superior del país (UNAM, Politécnico Nacional, Colegio Nacional, UAM) y llamar a que ese grupo lo lideren científicos de reconocido prestigio, como el Premio Nobel de Química 1995 Mario Molina y una persona destacada en las ciencias humanas y sociales, quienes tendrían la carga de elegir a los integrantes del grupo, sin perjuicio de que se puedan integrar expertos de nacionalidades diversas a la mexicana.

¿Cuál sería el procedimiento? El procedimiento debe tener como base la definición de un protocolo elaborado por el grupo independiente de expertos, que, al menos tendría que comprender las etapas siguientes:

– Obtención de información de fuentes públicas, privadas y sociales concerniente al tema.

– Participación de las entidades públicas implicadas en la gestión de la epidemia.

– Elaboración de un informe preliminar.

– Discusión del informe preliminar por las entidades interesadas y personas que por su perfil puedan aportar criterios de evaluación del informe.

– Elaboración, suscripción y comunicación del informe final.

El informe final, debería de hacerse del conocimiento público, con el objetivo de que la población pueda conocerlo, por ser de su interés directo.

El ejercicio se puede realizar si en verdad existe la voluntad de transparentar el ejercicio público y mejorar; pero hay que definir el tiempo en que debe realizarse, pues la experiencia histórica nos muestra que en pandemias como la actual existen nuevas oleadas, así que eso debería de considerarse; pero lo que parece innegable es la utilidad de una evaluación del ejercicio público en la gestión de la epidemia. Ojalá.

R