Morelia, Michoacán (Boletín).- La reforma constitucional en materia de extinción de dominio, es una acción para impactar e inhibir la corrupción y los actos ilícitos en personas que tienen bajo su responsabilidad resguardar, proteger, administrar y capitalizar positivamente los bienes de la nación, pero que, en el tránsito como funcionarios públicos, han perdido el rumbo y han sido tentados a la comisión de ilícitos.
Así lo señaló la diputada Cristina Portillo Ayala, al razonar su voto favor de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la corrupción, "es el peor de los lastres para una sociedad y un país que se merece una realidad y un destino diferentes", porque en México, la corrupción en el ámbito pública cuesta millones de dólares y pocas veces se recuperan ese capital y esos bienes.
La diputada de MORENA aclaró que se separa el procedimiento penal que se sigue contra el acusado y el procedimiento de juicio civil de extinción de dominio, con la pretensión que el Estado pueda recuperar los bienes, independientemente de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción o ilícitos.
Dijo que solo aplicaría a las personas vinculados a los casos y procesos judiciales descritos y no se pone en riesgo la propiedad privada ni los bienes de las personas, que hayan sido obtenidos por mecanismos lícitos.
Agregó que se amplía el catálogo de delitos bajo los cuales se aplicará esta figura. Técnicamente ahora estarán incluidos: extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
Está convertido en un instrumento jurídico que contribuye en forma determinante al combate a la delincuencia, porque una de sus finalidades es socavar el poder económico de los delincuentes y facilitar al Estado Mexicano, contener la criminalidad, al influir en su estructura operativa y financiera.
La iniciativa ya aprobada, contempla recuperar para el Estado Mexicano los bienes decomisados a funcionarios, ex funcionarios públicos y prestanombres acusados, enjuiciados y sentenciados por actos de corrupción y tráfico de influencias. Además se incluyen los delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública, en casos muy concretos de delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Y se incluye a los prestanombres.
Finalmente indicó que justamente el espíritu de esta reforma y adición constitucional supone que uno de los mecanismos más eficientes y eficaces para combatir la delincuencia organizada y los actos de corrupción en el ámbito público, es justamente, afectar las estructuras financieras y las ganancias generadas por estas actividades y al final, recuperar los activos generados mediante dinero ilícito.
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