En un México dividido como el nuestro, cada mensaje que se emite de manera pública se produce, recibe e interpreta en la forma y términos que lo determina el emisor o el receptor del mensaje, conforme a su particular forma de ser, contexto y, en su caso, intereses.

Esto mismo ocurre con todos los mensajes que se emiten con relación al actuar del gobierno mexicano frente a la epidemia, pues la epidemia solo es otro campo de batalla política más para los políticos, sus partidarios, simpatizantes y voceros.

Frente a las críticas que ha recibido el gobierno mexicano por su proceder ante la pandemia, algunas razonables y otras no, la defensa instrumentada se apoya también en aspectos razonables y otros que son harto cuestionables.

La más reciente defensa se hace consistir en que el gobierno mexicano de forma “inteligente” tuvo que elegir inconfesablemente entre cuidar la salud de las personas o paralizar la economía y con ello condenar a grandes grupos de población a la pobreza.

(Se olvida, sin embargo y eso no se comenta, que quien ha pujado más decididamente por la reactivación económica no es el “pueblo” sino el grupo empresarial -cierto sector- que una y otra vez aconsejan el desapendejamiento, y quizá sean los más interesados en la vuelta a la normalidad económica, para incrementar sus beneficios)

Así que con ese razonamiento se quieren deslizar dos ideas: la primera, que la vuelta a la normalidad (decretada hace casi dos meses) los enfermos virales detectados (345 mil acumulados) los decesos por Covid-19 (39 mil 184) y el retorno a la actividad económica en pleno que se quiere son un mal menor, y en segundo lugar, se propone la idea de que el proceder del gobierno mexicano no sólo es admisible, sino reconocible y hasta aplaudible, más, mientras más “normalidad” decrete.

Ese “argumento” no presentado a lo largo de la pandemia, sin embargo, me parece que es inválido, pues está planteado en forma de dilema, esto es: o era cuidar la salud de las personas o ir a la catástrofe económica, como si solo existieran dos variables y alternativas posibles, lo cual es incorrecto.

Primero, la epidemia tiene que ver con variables sociales, políticas, de seguridad, de justicia y un largo etcétera no reducible sólo a lo económico, en oposición solo a la salud.

En segundo orden, ningún gobierno del mundo se planteó ni se plantea su reacción frente a la epidemia como un dilema de elegir entre salud o economía.

Y no se ha planteado, ni se plantea así, porque elegir entre salud o economía sería absurdo por sus consecuencias anulantes entre sí y más aún porque existen muchos otros derechos humanos en juego.

La cuestión no es de elección entre una de dos alternativas posibles (salud o economía) sino de “proporción”, esto es, en qué proporción se debe proteger y defender y cómo la salud, en qué proporción se debe proteger y defender y cómo la economía, y en qué proporción se deben proteger y defender y cómo los demás derechos humanos, en un contexto concreto y real.

El juicio o la valoración del actuar del gobierno mexicano -y de los gobiernos del mundo- más que plantearlo incorrectamente como un dilema, tiene que plantearse en términos de “proporción”, con base en cuatro reactivos:

¿Las políticas, medidas, métodos, técnicas y herramientas que el gobierno mexicano ha empleado para enfrentar la pandemia, son legítimas?

¿Las políticas, medidas, métodos, técnicas y herramientas que el gobierno mexicano ha empleado para enfrentar la pandemia son las adecuadas al caso o había y hay otras disponibles?

¿Las políticas, medidas, métodos, técnicas y herramientas que el gobierno mexicano ha empleado para enfrentar la pandemia son las de menor costo social o había y hay otras posibles?

¿Las políticas, medidas, métodos, técnicas y herramientas que el gobierno mexicano que ha empleado para enfrentar la pandemia son las de mayor beneficio social o había y hay otras plausibles?

Así que no se trata de saber si el gobierno mexicano actuó bien o mal en función de si privilegió la economía o la salud, y si los enfermos y los muertos son un mal menor, o viceversa.

La cuestión es desvelar, cuando sea oportuno, si nuestro gobierno actuó de manera “proporcional” y correcta en el ámbito sanitario y en general, tomando en cuenta todas las variables en juego en nuestro contexto, y desde el poder de sus competencias constitucionales como legales.

Esa es la zona gris a la cual apunto con la mayor objetividad que me es posible.
¿Cuál es su opinión?

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