El proceso electoral concurrente sigue en curso, porque falta aún que los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación y del Estado de Michoacán resuelvan los juicios de inconformidad presentados contra diversas elecciones; inclusive, si en el orden local las resoluciones no estuvieran a satisfacción de alguna de las partes, podría elevarse al primer tribunal mediante el juicio de revisión constitucional electoral.
Pero mientras eso ocurre, también se encuentra pendiente la fiscalización del origen y uso de los recursos durante las campañas. El tema es relevante dentro del proceso porque existen diversas consideraciones establecidas en la Base VI del artículo 41 constitucional que podrían llegar a la nulidad de alguna elección.
Claro que precisa nuestra Carta Magna que “dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”, y además establece un criterio contundente: “Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.
Dicha diferencia se localiza en un distrito electoral federal, que es el 08, pero también en la elección de gubernatura, así como en diversos casos de ayuntamientos y de diputaciones locales.
Pero para que se active dicha presunción tiene que acreditarse, de manera objetiva y material, cualquiera de estas hipótesis constitucionales:
a) Se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado.
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.
Los partidos políticos y sus respectivas candidatas y candidatos debieron haber generado el informe de ingresos y egresos de campañas dentro del Sistema Integral de Fiscalización el día previo a la jornada electoral, esto es, el 5 de junio pasado.
Con esa información, el equipo de fiscalización procedió a revisarlos, con base en la información derivada de las diversas visitas que se hicieron a los actos de campaña y a las casas de campaña, así como a los recorridos para detectar propaganda en exteriores y también mediante monitoreo en Internet, entre otras fuentes de información.
Con ello se notificaron el pasado 15 de junio los oficios de errores y omisiones, para que a más tardar el pasado 20 de junio los interesados presentaran sus oficios de respuesta, como parte de un procedimiento de garantía de audiencia. Una vez desahogada esta parte, en estos momentos los equipos de fiscalización elaboran los proyectos de dictamen y resoluciones que se presentarán a la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE el próximo 5 de julio, para que, a su vez, esta instancia los apruebe el próximo 12 de julio, incluyendo las modificaciones que en dicha instancia sean planteadas.
De manera que el próximo 15 de julio dichos proyectos de dictámenes y resoluciones en materia de fiscalización de las campañas federales y locales serán del conocimiento de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, instancia que, a su vez, procederá a su aprobación, en su caso, el próximo 22 de julio.
Cabe agregar que, de manera paralela, el Consejo General del INE deberá resolver hasta este momento 46 quejas en materia de fiscalización que ya se han admitido, algunas de las cuales podrían tener un impacto en el dictamen y resolución de fiscalización correspondiente, siempre que de manera objetiva y material se agreguen elementos al trabajo ya realizado por los equipos de fiscalización del INE.
Todo este sistema de nulidades en materia de fiscalización fue establecido en nuestra Constitución como producto de las quejas de las elecciones de 2012, de manera que tuvieron rango constitucional a partir de su publicación, el 10 de febrero de 2014, con efectos federales pero también locales.
rmr
