Construir y dar seguimiento a políticas públicas no es sencillo; generar un proceso en atención a un problema público requiere de organización, participación y toma de decisiones, pero sobre todo de mucha información.

Por eso es importante que toda política pública considere como eje transversal a la transparencia y en ella, como procedimiento prioritario, a los archivos, porque son los documentos los que van a permitir incidir en la participación ciudadana.

En ese sentido, los documentos constituyen la piedra angular en la toma de decisiones. ¿Cómo podríamos solucionar un problema sin tener información de lo que sucede?, ¿Cómo podríamos confirmar un hecho sin tener pruebas de lo acontecido?

Esto significa que la gestión documental es clave para el desarrollo y éxito de toda política pública, y sin aquella, todo proceso que se intente desarrollar en una administración se verá perturbado por la falta de organización e inclusive de documentos que fundamenten el actuar.

Dar atención a los documentos públicos permitirá cumplir con la finalidad de las políticas públicas actuales; por un lado, combatir la corrupción; por otro, disminuir la apatía y desconfianza ciudadana hacia las instituciones, y por último, el siempre contar con información que no solamente permita la creación de programas y planes, sino que se tengan los documentos necesarios para evaluar y monitorear a aquellos.