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Es bien sabido que México se ubica en la posición 138 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Muchos han señalado que sólo se trata de percepción –como el nombre del Índice alude– y que el lugar que ocupa el país es erróneo.

Sin embargo, de lo que sí tenemos certeza es de que dicho Índice mide cuestiones referentes a transparencia, libertad de expresión, rendición de cuentas, así como niveles de integridad en el servicio público y, por tanto –considero– sí se deben “tomar cartas en el
asunto”.

Precisamente uno de los tópicos analizados en dicho Índice son los niveles de integridad en el servicio público; al respecto, se debe analizar la situación en el estado: ¿la sociedad confía en nuestros servidores públicos?, ¿cómo se designa a los servidores públicos de nuestro estado?, ¿cómo se mide la calidad y eficiencia del servicio que se brinda a
los michoacanos?

Si se cuenta con personas especializadas y elegidas con procedimientos determinados, no sólo se activa un paso muy importante para desincentivar los “canjes” políticos o las designaciones personales, sino que también se permite que el dinero que los michoacanos aportan a través de sus impuestos tenga a cambio un servicio de calidad.

En Michoacán se están tomando acuerdos al respecto y, pese a que muchos órganos ya tienen establecido su Servicio Profesional de Carrera, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Michoacán, que se llevó a cabo el miércoles 6 de marzo de 2019, se aprobó el Modelo de Lineamientos del Servicio Profesional de Carrera de los Órganos del Sistema
mencionado, quienes son:

el Comité de Participación Ciudadana, Auditoría Superior de Michoacán, la Secretaría de Contraloría, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y el Consejo del Poder Judicial.

El ideal es que dicho modelo se replique en las restantes instituciones del estado con la finalidad de que se implementen las medidas necesarias para garantizar que sus servidores públicos ingresen al servicio con base en el mérito e igualdad de oportunidades; que estén capacitados; que se establezca imparcialidad política dentro del servicio; así como garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo de todos los michoacanos.

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