El Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia en México

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Procuraduría General de la República, (PGR), el día domingo 24 de abril, llevó a cabo una conferencia de prensa, encabezada por Eber Omar Betanzos Torres,  titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se abordó que ha tenido como prioridad el esclarecimiento de los hechos del Caso Iguala, mismo que se sigue con un esfuerzo permanente, hasta que todas las personas penalmente responsables sean presentadas ante las autoridades judiciales, quienes serán las que determinen las sanciones que en derecho les correspondan.

De acuerdo con la PGR, el Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México, ya que ha contado además con ejercicios inéditos de colaboración internacional, de transparencia y trabajo con las víctimas. Además, fija un estándar en materia de procuración de justicia y derechos humanos en tres aspectos: atención a víctimas, búsqueda de personas y una investigación amplia de los delitos para que estos hechos no queden impunes.

Cabe mencionar que “los familiares de los estudiantes y el Gobierno de la República estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo: saber qué pasó con los jóvenes normalistas y castigar a cada uno de los responsables.

“Las instituciones del Gobierno de la República y quienes servimos en ellas, reiteramos nuestra solidaridad plena, nuestro reconocimiento y compromiso total con los padres de los normalistas desaparecidos y las víctimas de los lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“A ellos, les refrendamos que seguimos trabajando de tiempo completo, exhaustivamente y con su acompañamiento, en una indagatoria que sigue abierta y en la cual se atienden todas y cada una de las líneas de investigación que la integran. Estos repudiables hechos nos indignan como mexicanos y no vamos a permitir que queden impunes”, expresó  Betanzos Torres.

El titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, enfatizó que la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. En un acto de apertura al escrutinio internacional, y en respuesta a las medidas cautelares del Caso Iguala, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano solicitó un mecanismo de asistencia, a través de un grupo de expertos que coadyuvara técnicamente en las investigaciones.

Al concluir esa coadyuvancia, el próximo 30 de abril, de acuerdo a la extensión del periodo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), la PGR expresa su reconocimiento a los Expertos, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente, en los términos y alcances que establece la ley y el Acuerdo de Asistencia Técnica.

Como se ha reiterado por parte de la PGR, la investigación para el esclarecimiento de los hechos del caso Iguala se encuentra abierta, por lo que de manera permanente se siguen realizando acciones de búsqueda. La última tuvo lugar los pasados 13 y 14 de abril.

En coordinación con la Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), a la fecha se han efectuado 851 acciones de búsqueda, utilizando para ello todos los recursos institucionales y tecnológicos más avanzados. En el segundo mandato, 25 de ellas se realizaron a petición del GIEI y en todo momento se tuvo acompañamiento de los representantes forenses de los padres.

Como resultado de la investigación en curso, se ha consignado a 168 personas, de las cuales ya están detenidas 123 dentro de ellos: 54 policías municipales de Iguala, 19 policías municipales de Cocula, 50 integrantes del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, entre los que se encuentran integrantes de células que operaban en Huitzuco.

El expediente se ha trabajado con transparencia, lo cual puede constatarse con la versión pública del Caso, que está disponible para consulta de cualquier interesado en Internet. La propia versión da cuenta de un trabajo exhaustivo, que incluye, entre otros aspectos: mil 651 intervenciones periciales, 850 declaraciones ministeriales, 98 extracciones forenses de información, todas ellas con autorización judicial y la toma de 135 muestras de ADN, 20 cateos, entre otras muchas diligencias.

Se destaca que de manera coordinada, se intensificaron las acciones de búsqueda, se acordaron nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones y se realizó la valoración de nuevas evidencias científicas.

Una investigación de altísimo nivel en el basurero de Cocula

En el Informe publicado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015, se incluyó el estudio del doctor José Torero, quien planteó la necesidad de realizar una investigación de altísimo nivel en el basurero de Cocula, con peritos de las más altas calificaciones independencia y experiencia en materia de fuego.

Atento a ello, la PGR propuso al GIEI, y así lo pactó con este Grupo, realizar un tercer estudio de fuego, compromiso que fue formalizado durante la audiencia pública del Caso Iguala ante el Pleno de la CIDH el 20 de octubre de 2015. Posteriormente, el 25 de enero de este año la PGR y el GIEI fijaron como objetivos del estudio los siguientes: determinar si hubo un episodio de fuego controlado en el basurero de Cocula y analizar la posibilidad de la quema de restos humanos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Asimismo, el 12 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI integraron de común acuerdo el panel internacional e independiente de seis especialistas de fuego con las más altas acreditaciones científicas forenses del mundo en esta materia. Cada parte propuso tres expertos, incluyendo al doctor Torero.

Debe referirse que, como se especificó en las bases acordadas por la PGR y el GIEI, el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la evidencia contenida en el expediente incluyendo los dictámenes periciales de la PGR, los estudios de José Torero y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

No obstante, la indagatoria sigue abierta y se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

PGR reconoce el trabajo de los expertos

Es la misma PGR, la que expresa su reconocimiento a los expertos integrantes del GIEI: Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, quienes han colaborado con la Procuraduría durante sus dos mandatos. “Los días que restan a su mandato, sostendremos varias reuniones para aprovechar en toda su extensión este esfuerzo de colaboración.

El trabajo de la PGR con el Grupo de Expertos ha sido constante. La Procuradora General de la República, Subprocuradores y diversos funcionarios de la Institución, nos hemos reunido en 94 juntas de trabajo para el seguimiento del mandato motivo de la asistencia técnica. 31 de estas reuniones han sido con la Titular de esta Institución, y el resto con funcionarios de primer nivel, para desahogar peticiones, analizarlas y tomar acuerdos en torno a la Investigación, sumado al trabajo cotidiano con el equipo ministerial”, explicó Betanzos Torres.

Es de destacar que adicionalmente, el Grupo de Expertos también sostuvo reuniones de trabajo con el Secretario de Gobernación y con el Subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia, por lo que en todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor, de acuerdo con la información que se dio a conocer en la rueda de prensa.

“Debe destacarse que a petición expresa de los padres, de la CIDH y del Grupo, la investigación del caso pasó, de manera excepcional, durante este segundo mandato de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, creándose una oficina de investigación exprofeso, dotada de todos los recursos técnicos, materiales y humanos para atender este caso, cuyo personal además, fue previamente seleccionado por el GIEI y los representantes de los padres.

“El Estado Mexicano ha brindado al GIEI en todo momento las facilidades que requirieron para su trabajo. En ese sentido, en cuanto a solicitudes y requerimientos, esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones, de las cuales al día de hoy, el 85 por ciento ha sido cumplido en su totalidad y el resto se encuentra en vías de cumplimiento.

“Cabe señalar que en el primer mandato se recibieron 177 peticiones; 30 más, en el periodo intermedio y 734 en el segundo mandato. De estas últimas, más de 200 se recibieron entre febrero y marzo de este año”, puntualizó el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Se investiga el presunto caso de tortura

Los señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria, están siendo investigados por la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, área creada por acuerdo de la Procuradora el 27 de octubre del 2015, la cual ha iniciado seis averiguaciones previas, relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones.

“En los casos en donde se señala a servidores públicos de esta Institución, es la Visitaduría General la encargada de llevar a cabo la investigación. Esta área actualmente integra siete actas circunstanciadas y tres averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR. Cabe señalar que estos hechos se investigan a iniciativa de la propia institución.

“Toda indagatoria ministerial vinculada con probables casos de tortura, requiere la aplicación del estándar internacional de Derechos Humanos para su investigación en esta materia, conocida como Protocolo de Estambul, el cual consiste en la práctica de exámenes médicos de integridad física, psicológicos y de fe de integridad psicofísica, mismos que deben obrar en las actuaciones de donde deriva la calidad de la probable víctima.

“Actualmente, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, que en México es la instancia con acreditación internacional para su aplicación, realiza estudios conforme al Protocolo de Estambul a las probables víctimas”, informó Betanzos Torres.

Como se ha referido en múltiples ocasiones, el marco legal mexicano establece que los interrogatorios a cualquier persona, en el marco de una averiguación previa, incluyendo a personal militar, solo pueden desarrollarse bajo la conducción única del Ministerio Público de la Federación.

Por otra parte, el grupo de expertos de la CIDH afirmó públicamente ante medios de comunicación, en agosto de 2015, que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de Guerrero también recogió las declaraciones del padre de una víctima de la agresión al equipo Los Avispones de Chilpancingo quien se refirió a movimientos de varias camionetas de lujo que intentaban bloquear la carretera a media noche, cuando él pretendía acudir en auxilio de su hijo, quien le reportó que estaba herido. En su declaración no refiere que alguno de estos vehículos fueran patrullas.

La investigación del caso Iguala no está fragmentada. El expediente del caso consta de una sola averiguación en la cual se han integrado las actuaciones de cuatro investigaciones relacionadas con el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas.

La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce de eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que se dejen de remitir a la Oficina de Investigación las actuaciones directamente vinculadas con el Caso Iguala.

“En relación con el video mostrado el día de hoy por el GIEI, la PGR analizará dicho material y en el marco de la investigación determinará lo conducente. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso permanente con las familias y todas las víctimas para esclarecer los hechos, así como con la promoción y defensa de los derechos humanos.

“Los hechos de Iguala han representado una de las más grandes ofensas y uno de los más grandes desafíos para el Estado Mexicano. Las autoridades reiteramos nuestro compromiso con la apertura y transparencia en la investigación

“Por ello, la PGR, puso a disposición de la ciudadanía la versión pública del expediente. Además, como parte de esta política de apertura, se anuncia que en esta semana se dará a conocer un amplio informe con el estatus actual de la investigación hasta el segundo mandato del GIEI.

Dicho documento contiene la síntesis de los 201 tomos y 14 anexos del caso, e incluye las principales acciones y los resultados más destacados de la investigación hasta la fecha”, dijo Betanzos Torres.

Finalmente, la PGR expresa, reitera y enfatiza que la investigación está abierta y no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces, así también manifiesta su convicción de que la relación de confianza y diálogo con los familiares de los estudiantes normalistas es fundamental y seguirá trabajando en su tarea de procurar justicia.