La cruzada abierta entre la Presidencia de la República y los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, ha cedido su lugar en el debate público a las otras batallas que se han establecido entre la misma Presidencia de la República y diversos actores públicos y no tan públicos, con motivo del robo de combustible, las tomas de la CNTE, la corrupción en el programa de guarderías y la corrupción en la CFE, solo por citar algunos ejemplos.

En su momento, la postura más beligerante del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cedió el paso a una actitud de cooperación mínima del actual Presidente de la misma Corte que ofertó la disminución de sus salarios, de los ministros, en un porcentaje parco, y retomó en otra parte la propuesta del anterior presidente del tribunal nacional de disminuir el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación para 2019, lo cual, en términos no contundentes fue aceptado por el Presidente de la República, como algo positivo.

Parece que esto también ha propiciado el interludio que deja abierta la puerta más a la paz que a la guerra entre la Presidencia de la República y los ministros, magistrados y jueces federales.

La disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Federales, encuentra su resultado concreto en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual le asignó en una cantidad de $63,656,725,000.00, esto es, de alrededor 12% menos que el presupuesto que le correspondió en 2018.

Eso quiere decir que el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación para 2019 disminuyó alrededor de 8 mil millones de pesos.

Ese 12% u 8 mil millones de pesos menos, en términos reales es poco significativo para el “afectado”, pues representa más o menos el monto del presupuesto que el mismo Poder Judicial de la Federación no ejerce por año (con la consecuencia de devolución respectiva) y un poco más.

La victoria para la Presidencia de la República y para los partidarios de un control presupuestal más noble de la justicia federal, si la hubo, fue pírrica; mientras que el Poder Judicial de la Federación puede degustar prácticamente sus mismos ingresos, quizá con la afectación, eso sí, de los mandos medios, de aquellos que en efecto cargan sobre sus hombros con el grueso del trabajo judicial y esto, en alguno casos.

A guisa de ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sigue en su ruta de garante estacional de la democracia, ahora haciendo Presidente del mismo a un magistrado electoral que antes de serlo fue magistrado de circuito en la ciudad de Toluca, Estado de México, en tiempos de la gubernatura del Presidente de la República que precedió al actual; y en el mismo Tribunal Electoral hoy día se encuentra en curso la designación de nuevos magistrados electorales de las salas regionales con un tinte del mismo tono visible.

El ritmo de la vida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las magistraturas de circuito y en los juzgados de distrito, sigue casi inalterada.

Quizá uno de los pocos vestigios de la lucha ¿infructuosa? es el plantón frente al edificio de la Corte que mantienen algunas personas que se duelen de la ilegitimidad presupuestal del Poder Judicial de la Federación y que el mismo Presidente de la República ha pedido que se levante.

Nada parece cambiar en el Poder Judicial de la Federación, más allá de la opinión pública adversa. Nada.

No se puede vaticinar que el tema o la batalla inicialmente emprendida y ahora poco visible muera de inanición; pero, al menos por lo que hoy en día se ve, si se preguntara cómo está la lucha, qué ha pasado realmente en torno a esta diatriba de la justicia federal, se tendría que responder “sin novedad en el frente”. Ese es el parte.