Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comuneras indígenas, víctimas secundarias del feminicidio de Juana Felipe, demandaron la intervención del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para la Mujer (Seimujer), así como de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para tener acceso a la justicia.
Lo anterior debido a que advierten una serie de deficiencias que vulneran sus derechos, como el hecho de no contar con un traductor purépecha al momento de rendir su declaración, no haber recibido asesoría jurídica, desconocer el número de carpeta o expediente del caso, y, fallas en la preservación de la escena del crimen pues presumen la desaparición del arma blanca con la que Juana fue asesinada por su marido.
En conferencia de prensa convocada por la agrupación civil Humanas Sin Violencia, la madre y una de las tres hijas de la víctima fatal no ocultaron el miedo que les representa la posibilidad de que el presunto homicida Wilfrido A.G. salga de la cárcel y tome represalias, sin embargo, rompieron el silencio para demandar justicia.
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Narraron que a la edad de 17 años Juana contrajo matrimonio con Wilfrido, y comenzó a vivir en casa de la familia de él, en el municipio de Chilchota, hasta una semana antes de su muerte, ocurrida el 17 de marzo del presente año.
Sostuvieron que durante el matrimonio hubo violencia familiar, misma que incrementó con el transcurso de los años hasta tornarse intolerante para Juana, quien acudió ante autoridades municipales para denunciar el maltrato físico que recibía de su marido, quien por tal motivo fue aprehendido en distintas ocasiones, pero quedaba libre tras el pago de fianzas.
Lo más que llegó Juana a obtener de las autoridades fue la suscripción de convenios, mediante los cuales se pretendía frenar la violencia de Wilfrido, pero no paró hasta que la mató.
Expusieron que tras la última agresión ella lo dejó y regresó con sus padres; se resguardó en una vivienda en obra negra en la cual cohabitó con su hermano y cuñada, pero la mañana del sábado 17 del presente mes Wilfrido fue a buscarla, y, supuestamente con un cuchillo acabó con su existencia, en presencia de dos de sus hijas.
Cuatro días después en una comunidad cercana fue capturado por el pueblo, que tenía toda la intención de quemarlo vivo, sin embargo, intervino el Ministerio Público y lo trasladó a un centro penitenciario en Zamora.
Con el temor de que la familia de Wilfrido mueva influencias para su liberación y ante las deficiencias en el proceso penal ya relatadas, familiares pidieron al gobernador Silvano Aureoles Conejo que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para la Mujer les proporcione la atención integral que requieren como víctimas secundarias de feminicidio.
Piden que la CEEAV les dote un abogado coadyuvante profesional, hablante de purépecha, y, calificado en el nuevo Sistema de Justicia Penal, además de los apoyos para gastos de traslado a la fiscalía regional de Zamora, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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