México vive una época de quebrantamiento institucional y social por el crecimiento de la violencia que viven día a día las mujeres mexicanas, lo cual las convierte en un sector altamente vulnerable. Este hartazgo social ha provocado que las mujeres salgan a las calles a exigir soluciones eficaces para la prevención, combate y erradicación de la violencia que viven cotidianamente.
El Estado mexicano se encuentra a la vanguardia en cuanto a la regulación de los instrumentos jurídicos que brindan la especial protección de la esfera jurídica de las mujeres, desde una óptica nacional y convencional. Aun cuando existe responsabilidad internacional de obligatoriedad en México, el Estado no ha podido, debido a la ineficacia de algunas instituciones. Estas instituciones van desde las impartidoras de justicias hasta aquellas que realizan labores de prevención, combate y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Naciones Unidas define la violencia de género como "todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". Ante dicho concepto, podemos encontrar que con la violencia de género se busca tutelar diversos bienes jurídicos de las mujeres. Estos bienes jurídicos se encuentran plasmados en la norma penal, lo que se denomina tipos penales (delitos).
Las prácticas de violencia contra las mujeres siguen siendo apoyadas por el silencio y la discriminación, por la invisibilidad en las estadísticas nacionales y por la resistencia de las instituciones y profesionales a reconocer estas prácticas como violatorias de los derechos humanos, por la falta de atención de los gobiernos a estas violaciones y por la dificultad de transformar el reconocimiento formal de los derechos factibles para todas las mujeres. En otras palabras, los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son por las expresiones que estimulan dominación masculina. La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
El Estado está obligado a crear mecanismos eficaces de incorporación de ciertos sectores para garantizarles plenamente el goce y disfrute de sus derechos, pero en lo referente a la violencia hacia las mujeres no se ha podido consolidar. La línea garantista por la cual ha optado el Poder Legislativo es el incremento de la penalidad de los delitos que se comente hacia las mujeres. Esto, de alguna manera, no es la solución; la solución es establecer políticas que se adapten a la realidad, necesidades y demandas de las mujeres. Esto corresponde al Ejecutivo y los diversos organismos autónomos.
El Poder Judicial ha marcado nuevos parámetros para establecer que exista una verdadera reparación del daño hacia las mujeres víctimas y ofendidos, derivado de la comisión de un delito, pero no ha sido suficiente. Haciendo alusión a la analogía del iceberg, podemos encontrar que lo que han establecido los tribunales, en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que combaten la problemática (mediante criterios) de la violencia hacia las mujeres de manera parcial, pues solamente cortan la cima del problema, pero no solucionan el fondo. Es decir, se garantiza la reparación del daño para los promoventes de la acción, pero la problemática de la violencia sigue manifestándose y magnificándose en todo el país.
El Sistema Nacional o Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, son instituciones que juegan un papel importante para brindar protección a las mujeres, así como también aquellas encargadas de gestionar, mediante diversas vías, que se les pueda garantizar una reparación del daño en los diversos sectores.
Es necesario que se haga una reestructuración de los instrumentos jurídicos, con base en los lineamientos y observaciones emitidas por los tribunales federales, con el fin de perfeccionarlos y establecer verdaderas garantías de prevención, combate y protección de las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia por el solo hecho de ser mujer.
México está a punto de consolidar una verdadera revolución en pro de las mujeres, y es algo bueno, pues las mujeres alzan la voz, haciéndole un señalamiento al Estado de que existe un hartazgo sobre la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Habrá que señalar que la crisis que hay actualmente en cuanto a la violencia hacia las mujeres es una responsabilidad de las instituciones del Estado; también hay responsabilidad de la sociedad por la pérdida de valores y la violencia ejercida en todas sus expresiones hacia las mujeres, lo cual las deja en un estado de vulnerabilidad.
Reparar el daño ocasionado en contra de las víctimas de violencia de género no basta. Se necesita establecer medidas correctivas y eficaces a los responsables de la violencia hacia las mujeres. Asimismo, también las instituciones de igualdad sustantiva y las comisiones de los Derechos Humanos deberán cambiar sus reglas operativas para consolidar de verdad un cambio en la sociedad, con el fin de prevenir, combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres y concientizar a la sociedad en general, y en especial a los hombres, sobre la importancia del respeto de los derechos humanos de todos en México.
