La reciente entrada en vigor de la Ley General de Archivos plantea una serie de retos a cumplir por parte de todos aquellos que generamos y gestionamos documentos.

Lo cierto es que, pese a que ya se contaba con normativa que especificaba cómo organizar y preservar los archivos –previo a la expedición de dicha Ley General–, estábamos haciendo caso omiso, y eso ha traído, como consecuencia, bodegas con documentos que ahora nos generan una preocupación enorme ante los plazos que se tienen que cumplir y, sobre todo, ante las medidas de apremio que contempla la ley aludida en caso de incumplimiento, entre ellas la multa de hasta más de 400 mil pesos del bolsillo de la persona que dé un indebido tratamiento a los documentos.

Por ello, la preocupación actual es quién desarrollará la extenuante labor de convertir las bodegas de papeles en verdaderos archivos de concentración e históricos. Cabe señalar que no todos los obligados a cumplir están en la misma situación, y de muchos se presume el buen actuar y gestión documental. Sin embargo, impera la desorganización y para ello se necesita personal especializado que resuelva el problema.

En atención a lo señalado, la Ley General es clara en señalar que se deberá contratar un coordinador de archivos, en cada oficina, que sea especialista en el tema.

También, el propio Sistema Nacional de Transparencia, a través de su Comisión de Archivos y Gestión Documental, se ha preocupado y ocupado de brindar herramientas que permitan obtener el conocimiento requerido y, en conjunto con otros organismos, como el Archivo General de la Nación y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, lanzaron un curso virtual denominado “Inducción a la administración de documentos y archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional de Transparencia” (se puede encontrar con este nombre en cualquier buscador web), que a la fecha ha hecho constar el conocimiento en la materia de 8,170 personas.

Los organismos garantes del país, como el Instituto Michoacano de Transparencia (Imaip), están concentrados en atender y capacitar a los obligados en cumplir con la legislación, en específico en capacitar a los archivistas, pues son ellos quienes deberán materializar la ley.